Que los locales de ocio generan ruido es una realidad que empieza adquirir todos los matices de la expresión. Desde el que afecta al descanso vecinal al cabreo incipiente de los hosteleros que, desde el pasado mes de febrero, coincidiendo con el cierre de La Intrusa y la Barbería, así como la sanción a Le Tavernier, decidieron dar un paso al frente y organizarse para intentar cambiar el marco legal en el que desarrollan su actividad. Mientras tanto, la aplicación de esa legalidad por parte del Ayuntamiento se mantiene implacable y en los últimos días ha comunicado la orden de cese de actividad a otros dos establecimientos: El Holandés, en el número 6 de la Estrecha de San Andrés, así como al Bar Tracio, en el 139 de la calle del Orzán. Además, también se ha hecho efectiva la orden de cierre permanente del Folks, en el número 19 de la calle del Orzán. El denominador común en los tres casos han sido la normativa de ruido y cuestiones relacionadas con el sonómetro.

Discrepancia

En esta ocasión, la discrepancia no solamente viene por límite acústico a la actividad hostelera. También con la forma de medir la misma. Los dos últimos locales en ser multados realizan un tipo de medición en el que se controla la música, pero no agrega el ruido que provocan los clientes. Según informó la Policía Local, cuando hay una emisión de 75 decibelios, la música debe cortarse, sin importar que el ruido venga de la música, de un cliente en estado ebrio o de un lavavajillas, por ejemplo.

Se trata de un nuevo frente abierto para la apelación, ya que en ocasiones anteriores las sanciones llegaron por decibelios en forma de inmisión (lo que recibe el vecino en su piso) o de emisión  (los 75 decibelios de la discordia que intentan aumentar los empresarios). En el caso de La Intrusa, por ejemplo, se detectó un botón para modificar el sonómetro, mientras que en el del Folks, que se enfrenta al callejón sin salida de la zona ZAS, la Policía denunció que el aparato no cortaba la música.

Aunque la propiedad de los locales no desea hablar “por temor”, fuentes cercanas indican que el sistema de medición no solamente está en regla, sino también homologado con el Ayuntamiento, previa inversión de unos 3.500 euros.  

Los tres expedientes llegan justo en la semana en la que los integrantes de la mesa técnica para la redacción de una nueva normativa hostelera volverán a verse las caras. Según Xabi Barral, presidente de la Asociación para la Defensa de la Hostelería y el Ocio Nocturno, además de afectado por un cierre semejante, este tipo de acciones no ayudan a mejorar el clima. “Non sabemos onde está a lei para amparar o sonómetro, en que se ampara a Policía Local para dicir que non é válido”, comenta. “É un pouco estrano que nunha época de traballo e negociación para atopar un novo amparo legal non se lle baixe un par de marchas a isto. Non falamos de un ‘alto el fuego’, pero si que se atenda aos casos máis graves. Tal vez non sexa o momento, xusto cando estamos a buscar unha guía para todos”, añade.