El borrador remitido por el Ayuntamiento a los diferentes actores de la mesa técnica, adelantado por El Ideal Gallego el pasado lunes, ha provocado que la tercera reunión entre representantes municipales, empresariales y vecinales fuese la más larga y discrepante de las celebradas hasta la fecha. En el escrito previo la administración propuso, entre otras medidas, la subida de cinco decibelios por grupo de licencia, lo que no ha gustado nada al arquitecto y los abogados que defienden la posturas de tres entidades de residentes.
En realidad no se trata de una concesión del área de Urbanismo, sino de una adaptación al catálogo de licencias y normativas acústicas de la Xunta de Galicia. Según entienden varias de las partes, por tratarse de una competencia delegada, ese paso no tiene vuelta atrás y no existen demasiadas alternativas al respecto. Sin embargo, sobre ese particular fue sobre el que versó buena parte de la hora y media de debate. Y es que, aunque a grandes rasgos se puede decir que sí existiría ese aumento en el límite sonoro, lo cierto es que las condiciones y la letra pequeña generaron algunas dudas entre los presentes: condiciones de implantación y modificaciones a realizar.
La adaptación al catálogo de la Xunta de Galicia no solamente afectará a la emisión de decibelios. También a la clasificación de las actividades hosteleras. Uno de los ejemplos que se puso sobre la mesa es que, con la regulación autonómica, los restaurantes sí podrán pasar a ofrecer reproducción musical o DJ en el servicio de cenas, tal y como sucede en los locales de referencia de las grandes capitales españolas.
Y es que la Xunta no distingue entre lo que en A Coruña se consideran grupo IA y grupo IB, cuya única diferencia es la reproducción musical o no. Además, en la legislación autonómica también existe un catálogo mucho más pormenorizado, que incluye incluso los furanchos.
Entre las alternativas a ese borrador que presentaron los diferentes representantes vecinales están la prohibición de la música en directo en locales de hostelería y en la mayoría del ocio nocturno. Según defienden, debería quedar limitada a ciertas discotecas que cumplan cierto tipo de condicionantes.
Además, también desean recuperar la placa exterior que podía encontrarse a la entrada de los pubs, en la que se especificaban las condiciones de la licencia del local, el tipo de grupo al que se adscribe o el límite de decibelios.
En ese sentido, la réplica apeló a la ley de protección de datos, que fue precisamente la que provocó la derogación de ese tipo de identificaciones públicas hace casi dos décadas.
Una de las cuestiones que contemplaba el borrador remitido por el Ayuntamiento la pasada semana era la conexión de los diferentes medidores de sonido a una centralita de la Policía Local. Ese particular no fue puesto sobre la mesa técnica, debido posiblemente a lo complicado de su implantación.
Sin embargo, los vecinos también propusieron la operatividad de los sonómetros a pie de calle con capacidad sancionadora. No obstante, el ruido de las terrazas no está regulado por normativa, según advirtieron las otras partes en la mesa. Además, apelaron a los estudios de ruido de la ciudad, en los que se apunta a una mayor emisión a causa del tráfico rodado que por actividad empresarial.
En el horizonte queda una nueva reunión, prevista para el próximo 1 de octubre, y que promete ser la más 'movida' de las cuatro. Y es que en la misma se tratarán temas como la aplicación de las zonas ZAS, así como el ruido en la calle y su aplicación normativa.