Finalmente, y al segundo intento, Pilar Pérez consiguió recuperar el piso de su propiedad ubicado en el número 3 de la calle Eusebio da Guarda, muy cerca de los Nuevos Juzgados de los que salió la orden de lanzamiento que le ha permitido entrar. Lo que le esperaba al otro lado de la puerta era un espectáculo desagradable: colchones en el suelo, moho en las paredes, ropa por todas partes, juguetes tirados y un aspecto general de desorden y descuido, Aun así, se da por satisfecha: hacía cinco años que no entraba en este piso. “Esperando por una vivienda, para recuperar una pocilga”, se lamentó.
El piso había sido entregado reformado antes de arrendarlo, pero le hace falta un lavado. “Vamos a reformarlo todo”, anunció. Después lo venderá dado que la experiencia no le anima a seguir siendo casera. La mujer expulsada del piso dejó de pagar durante cuatro años, cuando el marido de Pilar falleció, y la ley de vulnerabilidad le impidió desalojarla en 2021 cuando la mujer alegó que tiene una menor a su cargo.
Hay que decir que la inquilina morosa no se ha quedado en la calle, puesto que una ONG se ha encargado de buscarle un alojamiento adecuado (una habitación) tanto a ella como a su hija. Así que puede decirse que todo ha salido bien, aunque de una forma accidentada.
En efecto: hace una semana había tenido lugar el primer intento de desalojo, que había terminado de manera inesperada cuando la comisión judicial se marchó antes de que llegara el cerrajero, después de solo unos minutos (seis o siete) de espera, y de una discusión entre el abogado de la afectada, Xaime da Pena, y la comisión, que acabó presentando una denuncia contra él. Da Pena, indignado, afeaba la conducta de la comisión judicial, señalando que era la primera vez que ocurría algo parecido.
El incidente vino a empañar un suceso que Da Pena calificó de hito: es la primera vez que se consigue desalojar a una persona declarada vulnerable. El proceso que inició con otro abogado, acabó finalmente con el lanzamiento. Sin embargo, Da Pena aseguró que piensa interponer una denuncia contra la inquilina por daños, habida cuenta del estado en que dejó el inmueble, aunque también reconoció que lo más probable es que se declare insolvente.
“Estoy feliz de haber recuperado lo mío, pero cuando un inquilino no paga, tiene que ser desahuciado inmediatamente. Un propietario no puede hacer de escudo social. Es una puñetera vergüenza. Este decreto 11 20/20 tiene que ser derogado ya”, declaró Pérez. A medida que contemplaba el estado de su piso, la afectada se iba calentando: “Esto es un puñetera mierda”.