Tener un techo sobre la cabeza se ha convertido en una razón para sentirse afortunado. Pero nada es seguro, sobre todo para los inquilinos, que suponen más del 87% de los lanzamientos (desalojos) que tienen lugar en el partido judicial de A Coruña que engloba, además de a la ciudad, a Arteixo, Cambre, Carral, Cerceda, Culleredo y Oleiros. Entre todos estos municipios, el último año fueron nada menos que 187 los lanzamientos que se practicaron como consecuencia de la ley de arrendamientos urbanos, tal y como figura en las estadísticas del Poder Judicial.

Sin embargo, si se compara con años anteriores, queda claro que el número de desalojos a inquilinos en los últimos años no ha dejado de bajar en A Coruña. En 2019 eran 352, pero en los últimos cinco años no han parado de caer. Hay que tener en cuenta que una gran cantidad de las demandas, en torno a un 27%,  se desestiman. Una de las explicaciones a este fenómeno puede ser el  Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, más conocido como la ley de vulnerabilidad.

Esta  norma permite a muchos arrendatarios acogerse a la figura de vulnerable: si los ingresos son bajos (menos de 1.613 euros),  no se tiene empleo, si es dependiente o está a cargo de uno. Surgida como una medida extraordinaria motivada por la pandemia, se ha alargado hasta la actualidad, a medida que el decreto era renovado por el Ejecutivo socialista. La última vez, este mismo año.

Es esta ley la que denosta la Asociación de Propietarios contra la Inseguridad Jurídica (Aprovig) de la que Lucía Ares es portavoz a nivel gallego. Surgida en 2024, agrupa a los caseros que tienen que soportar a inquilinos morosos de larga duración, lo que han dado en llamar ‘inquiokupas’. Son personas que no pueden  o deciden no abonar el alquiler y que tampoco abandonan la vivienda. Esto sitúa a los caseros en una posición delicada. Muchos de ellos son pequeños propietarios que dependen de estas rentas para redondear los ingresos. Al abrigo de esta situación han crecido empresas que se dedican a desokupar y que, si en un principio actuaban contra personas que habían allanado una morada, ahora se enfrentan casi en exclusiva con casos de ‘inquiokupas’.