Tras dos investiduras fallidas, ERC quiso escenificar la gravedad del momento
Rechaza los recursos contra el auto
"Tenemos suficientes conversaciones hechas para que este acuerdo sea ya de forma inminente", afirma Vilalta
El TSJC llevará la indagación sobre la supuesta adjudicación irregular de contratos en el ILC
Ve que "no hay ningún escollo para que Junts no se pueda sumar" al acuerdo con la CUP
Vilalta critica que ERC "siga sufriendo prisión y exilio" 90 años después de fundarse
La patronal está en conversaciones con el fondo ruso
Cumplido el primer objetivo de elegir una nueva Mesa del Parlament con mayoría independentista, presidida por Laura Borrás, ahora ERC y JxCat disponen de dos semanas para dejar atado un acuerdo que permita la investidura de Pere Aragonès como muy tarde el 26 de marzo, con aval activo o pasivo de la CUP.Estas son las claves de una negociación en la que el independentismo se juega hacer valer la mayoría absoluta que obtuvo en las elecciones del 14-F. LAS CONSULTAS DE BORRÁSBorrás ha asumido la Presidencia del Parlament, un cargo que no entraba inicialmente en sus planes -se presentó al 14F para presidir la Generalitat pero quedó por detrás de ERC- y, aunque dirigentes de JxCat la animaban a dar el paso, a ella le generó "muchas dudas", según fuentes del partido.Renunciando a ser la vicepresidenta de un eventual Govern liderado por Aragonés, se ahorra la posibilidad de que el futuro president la destituya si se complica su situación judicial, ahora en manos del Tribunal Supremo, que investiga presuntas irregularidades en contratos de su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas, un caso por el que podría acabar siendo inhabilitada.Como presidenta del Parlament, Borràs no tendrá poder ejecutivo pero sí una plataforma institucional de máxima visibilidad -clave si decide optar de nuevo a ser la candidata de JxCat en las siguientes elecciones catalanas-, y su primera tarea será abrir consultas en los próximos días con los líderes parlamentarios para proponer el candidato que reúna los apoyos necesarios para ser investido.SE PERFILA OTRO BIPARTITOEl socialista Salvador Illa, el más votado el 14F, no renuncia a postularse a la investidura, pero sus opciones de prosperar son ya prácticamente nulas, dada la mayoría independentista -74 de 135 escaños- en el Parlament y las negociaciones en marcha.Inicialmente, ERC planteaba un Govern "amplio" que sumara no solo a JxCat sino también la CUP y los comunes, pero la elección de la Mesa -de la que se ha quedado fuera En Comú Podem- refleja lo lejos que están los de Jéssica Albiach de esa negociación.Fuentes de ERC justifican su negativa a apoyar la presencia de un representante de los comunes en la Mesa porque En Comú Podem no ofrecía ninguna contrapartida en forma de apoyo a un futuro Govern.Pero también la CUP -que se negó a votar a Borrás, al estar molesta con el secretismo negociador de JxCat y recelosa por la causa judicial que arrastra- parece alejarse de la idea de entrar en el Govern, por lo que la fórmula más verosímil es un nuevo bipartito ERC-JxCat con el aval externo de la CUP, un calco de la legislatura pasada -que se caracterizó por los constantes choques entre socios-, aunque ahora con la presidencia en manos de los republicanos.NUEVO REPARTOReubicada Borrás en el Parlament, quien se perfila como principal cara de JxCat en una nueva coalición con ERC es Elsa Artadi, que ya fue consellera de la Presidencia con Quim Torra y podría ser la nueva vicepresidenta económica.Según las fuentes consultadas, JxCat podría asumir la cartera de Enseñanza, mientras que Salud seguiría en manos ERC, si bien todo el esquema del Govern será objeto de negociación en los próximos días.Nombres como Damiá Calvet y Jordi Puigneró podrían repetir como consellers, aunque sus departamentos pueden sufrir modificaciones; Territorio y Sostenibilidad, por ejemplo, quedaría dividido si se crease una cartera de Acción por el Clima como desea ERC, que también sugiere una conselleria de Igualdad y Feminismos que podría encabezar Jenn Díaz.Falta por definir el rol de Ramon Tremosa -JxCat podría perder el control de la conselleria de Empresa-, de Josep Costa -que acaba de renunciar a su escaño en el Parlament-, de Albert Batet -puede seguir al frente del grupo parlamentario de Junts o entrar en el Govern-, de Gemma Geis y de Josep Rius, todos ellos con posibilidades de jugar un papel relevante en este mandato.EL RUMBO DE LA LEGISLATURAPara asegurarse la investidura de Aragonés, ERC necesita no solo los votos de JxCat sino también, al menos, la abstención de la CUP, con la que negocia un giro a la izquierda: han activado grupos de trabajo específicos para abordar una renta básica universal, regular del alquiler, fortalecer el sector público y replantear el modelo policial de los Mossos d'Esquadra.Otra de las grandes tareas a acordar es la hoja de ruta del procés: según las fuentes consultadas, se negocia poner un límite temporal al diálogo con el Estado, situando de nuevo la reivindicación de un referéndum en primer plano.Vienen dos semanas de tira y afloja entre fuerzas independentistas y el propio expresident Carles Puigdemont, en una entrevista a El Punt Avui, advertía de que "no se puede dar por hecho" el acuerdo con ERC, sin bien las fuentes consultadas ven "bien encaminadas" las conversaciones y confían en que lleguen a buen puerto antes del 26-M.
Obtuvo votos de JxCat, ERC y uno de la CUP
La exconsellera, huida en Bélgica desde 2017, ha comparecido voluntariamente.
Pero no se trata de Vigo, se trata de todo lo que no sea Cataluña y eje Mediterráneo.
El magistrado del Supremo Pablo Llarena ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca de la euroorden, tras la cual decidirá si mantiene, retira o emite una nueva contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.Horas después de saber que el Parlamento Europeo ha retirado la inmunidad a Puigdemont, el instructor del "procés" ha dictado un auto en el que pide al TJUE que se pronuncie sobre el alcance de las posibilidades de emisión de una euroorden, así como por las razones para su denegación.Llarena acude a la Justicia europea una vez que las autoridades judiciales belgas denegaron la entrega del exconseller Lluis Puig, porque entienden que el órgano competente para instruir la causa no es el Supremo sino un tribunal catalán y porque su entrega pondría en peligro derechos fundamentales como la presunción de inocencia.Un escenario que, de no consultar previamente al tribunal europeo, podría plantearse de nuevo con el expresident catalán en Bélgica, de ahí se explica el paso dado por Llarena ante Europa.Con la respuesta del TJUE el magistrado decidirá si mantiene, retira o emite nuevas euroórdenes respecto a Puigdemont, los exconsellers Puig, Antoni Comín y Clara Ponsatí y la secretaria general de ERC Marta Rovira, procesados en rebeldía por los delitos de sedición, malversación de caudales públicos o desobediencia.La competencia del Tribunal, cuestión clave a analizarLlarena tiene dudas de que las decisiones de los jueces belgas sobre Puig sean compatibles con el Derecho de la Unión, por lo que plantea siete preguntas al TJUE, que pide tramitar por el procedimiento acelerado, con la cuestión de la competencia del Tribunal Supremo como eje nuclear de la cuestión.El juez señala que "no hay una norma del Derecho de la Unión que reconozca una facultad a favor de la autoridad de ejecución de una orden de detención y entrega (ODE) que le permita valorar y fiscalizar si el órgano de emisión de esa ODE es competente para hacerlo".Si eso fuera así, precisa, el principio de confianza en los sistemas de los Estados de la Unión y de reconocimiento mutuo de sus resoluciones, "se transmuta en un principio de desconfianza que sólo se despeja tras el examen de competencia"."Mal se confía en el sistema penal y procesal de otro Estado, si lo primero que se pretende por el Estado de ejecución es poner en duda su competencia para emitir un instrumento de cooperación basado, precisamente en la confianza y cooperación recíproca" añade.Desconocimiento de los jueces belgasEl juez dice que, de acuerdo al derecho comunitario, solo el estado de emisión determina las autoridades competentes y lo hace conforme a su derecho interno; es decir, España fija la competencia del Supremo para enjuiciar a los fugados según su propia normativa.Sí que es cierto que los jueces belgas han tenido en cuenta en relación con el derecho español "solo una escueta mención del artículo 71.3 de la Constitución" acerca de que la competencia se determina conforme al lugar de comisión del delito, si bien Bélgica "no puede aplicar ni interpretar el Derecho interno español" y, más aún, "obviando el intenso debate que se ha planteado en el litigio nacional sobre la competencia del Supremo" en nuestro país.Esta cuestión, planteada por las defensas, ha dado lugar, desde que se inició el proceso en 2017, a tres autos de la Sala de Admisión, trece autos del instructor, seis de la Sala de Apelación, dos autos del tribunal sentenciador, así como una sentencia y un auto del Constitucional que ha validado la competencia del TS.Con ello, el juez pone de manifiesto que los jueces belgas no solo han omitido la valoración de todas estas resoluciones internas sino que tampoco han reclamado información complementaria.También hay errores.
Los siete presos de Lledoners deberán regresar a lo largo del día de hoy a la prisión para volver al segundo grado.
El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, subraya que esta "ha de ser la legislatura del diálogo", pero lamenta que la Fiscalía recurra terceros grados penitenciarios o se querelle contra el presidente del Parlament, por lo que emplaza al Estado a "hacer sus deberes" y crear las condiciones para el diálogo.En una entrevista concedida a La Vanguardia, Aragonès, que estos días negocia el Govern que aspira a presidir con Junts y la CUP, insiste en sumar a los comunes al acuerdo pese a su negativa, y se aferra a los puntos de unión que mantiene con Junts en la hoja de ruta hacia la independencia: "la defensa del referéndum y la amnistía".A la pregunta de si habrá referéndum en esta legislatura, tal como reclama la CUP, subraya que el referéndum será "cuando sea posible", y destaca que acudirá a la mesa de negociación con el Estado con el 52% de votos independentistas -incluyendo los obtenidos por formaciones que no consiguieron escaños- cosechados en los comicios de pasado 14 de febrero.No obstante, asegura que la mesa de diálogo, con la que dice estar "absolutamente comprometido", no puede "eternizarse", sino que debe contar con "mecanismos de evaluación y seguimiento transparentes", aunque asume que el Estado "vendrá arrastrando los pies" a ese foro de diálogo.En cuanto a los indultos a los dirigentes soberanistas encarcelados, insiste: "Defendemos la amnistía.
Ni a respetar a los Mossos d'Esquadra, ni a respetar a la Brigada Móvil (Brimo), ni a respetar a las empresas e inversiones, ni a respetar a los trabajadores, ni a respetar al Parlament y la Generalitat", ha añadido.Ha opinado que el Govern no ha considerado ni el pasado, ni el presente ni el futuro de Cataluña: "Ustedes no solo no respetan a nadie, sino que ya ha llegado el punto en que ni siquiera parece que se respeten a sí mismos", ha dicho en alusión a los socios del anterior Govern, ERC y Junts.
No tengo la sensación de conseguir menos desde aquí que si estuviera sentado en mi despacho de Barcelona", dice el político huído de la Justicia española.Asegura además que se mantiene en contacto diario con su familia, con la que habla "a través de videollamadas" y que ayuda a sus hijas con los deberes. "No es lo ideal, pero nos arreglamos", añade.Preguntado por sus futuros pasos en caso de que el Parlamento Europeo decida levantar su inmunidad y la de sus compañeros de partido Toni Comín y Clara Ponsatí, responde que "no lo dejarán ahí", y que recurrirán al Tribunal de Justicia Europeo en Luxemburgo."No se trata sólo de nuestra inmunidad, sino también de la protección de la democracia europea, de si Europa está preparada para proteger a las minorías políticas y nacionales", dice Puigdemont."Supongamos que levantan la inmunidad, entonces serán los tribunales belgas los que decidan si actúan sobre la orden de detención de España.
En declaraciones a SER Catalunya, Illa no ha dado por hecho que las fuerzas independentistas serán capaces de alcanzar un acuerdo y ha insistido en postularse para la investidura, para la que sigue buscando apoyos, tras haber encabezado la candidatura más votada en las elecciones del 14F, empatada a 33 escaños con ERC. Mientras tanto, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido "frenar el desamparo que sufren los Mossos en Cataluña" y ha hecho hincapié en que hay que "perseguir a los violentos y no a todo un cuerpo policial".
En el documento se concreta que los grupos firmantes participarán en los debates parlamentarios abiertos a iniciativa de Vox y tendrán libertad para fijar su posición, aunque se pide "evitar en la medida que sea posible" las alusiones personales a los diputados del grupo de extrema derecha para que no tengan turnos extra de intervención.