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domingo | 28 abril | 2024
El gran bloque de edificios del número tal de la avenida de Finisterre, a la altura de A Moura, tiene por fin actividad tras años de abandono. Como la Sareb reconoció en este periódico, se ha vuelto a al actividad, y tiene la intención de ponerlo a la venta. El Ayuntamiento había solicitado al ‘banco malo’ uno de los bloques para destinarlo en parte a Viviendas de Protección Oficial. La vivienda publica es una de las escasas herramientas de las que dispone para operar en el mercado de alquiler, sobre todo, teniendo en cuenta que la Xunta no parece dispuesta a declarar A Coruña un mercado tensionado, así que agiliza las licencias.
En realidad, la Xunta asegura que ninguna ciudad gallega cumple con los requisitos para convertirse en mercado tensionado. La que más se acerca es Pontevedra. Esto ha suscitado las críticas de la alcaldesa, Inés Rey, que reprocha que “non ten lóxica que pidan documentación para respaldar a nosa solicitude e despois digan que non cumplimos. É absolutamente delirante”. Rey exige que se aclare por qué A Coruña no cumple los requisitos para una ley que está pensada para congelar los precios de alquiler.
La regidora señaló en los últimos ocho años, el precio medio del alquiler en la ciudad subió un 56,6%, y el de los pisos compartidos, un 23% en el último año. A estos dos datos, Rey añadió otros ya conocidos, como que existen 2.820 demandantes de vivienda pública inscritos en el registro de la Xunta en A Coruña, y en los últimos diez años, solo se han edificado en la ciudad 40 pisos de esta condición. “Son datos suficientes para que a Xunta tome en consideración a nosa solicitude”, consideró Rey, que acusó a la Xunta de “torpedear” las iniciativas municipal que tratan de dar respuesta a las necesidades de los coruñeses.
En un tono no exento de ironía, Rey propuso a la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda, Ángeles Vázquez, que intente alquilar un piso en A Coruña. “A ver a qué prezo lle sae”, animó. Si la ciudad olívica se sitúa a la cabeza de Galicia, con 9,75 euros por metro cuadrado, A Coruña se encuentra en segundo lugar, con un valor de 9,2. Le siguen Santiago (8,5), Pontevedra (7,8), Ourense (6,8), Lugo (6,6) y Ferrol, con el metro cuadrado a 5,6 euros de media. Es importante destacar que el 29% de los coruñeses vive de alquiler, el porcentaje más alto de la comunidad.
“El precio es muy alto y cada año más y por eso instamos a la Xunta (al ser la administración que tiene las competencias exclusivas de vivienda) a que esta clase de medidas se generalice”, recalcó el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego. Él había participado en la reunión que tuvo lugar el martes en Santiago en el que participaron los responsables de viviendas de las ciudades gallegas y en las que la conselleira les explicó la situación.
Díaz Gallego, que también asistió a la presentación de una nueva cooperativa de Xuxán (antiguo Parque Ofimático) ayer en Palexco, considera que la Xunta no está haciendo todo lo que puede. Por ejemplo, en el caso de las viviendas de uso turístico: el Gobierno de Inés Rey se dirigió a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda en noviembre para que dejara de registrar viviendas que no cumplen con la normativa del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y la siguen registrando.
Por su parte, el Ayuntamiento no parece muy dispuesto a elaborar los informes que le ha pedido la Xunta para estudiar su caso. Díaz Gallego recordó que el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) ya ha elaborado sus propios informes. “Que no exija al Ayuntamiento datos de los que ya dispone”, reprochó el concejal de Urbanismo.
Una de las razones por las que la Xunta se muestra reticente ante la idea de declarar a las grandes ciudades mercados tensionados es porque duda de su efectividad. Como la conselleira había explicado el día anterior en la reunión en Santiago , la ley solo afecta a viviendas que hayan estado vacías más de cinco años sin alquilar, y a grandes tenedores. Es decir, a quien tenga más de diez viviendas en propiedad, que en Galicia son tan solo el 4%. Eso implica que a quien tenga un contrato de alquiler en vigor no se le rebajaría la renta. “Si esto así, –manifestó el concejal de Urbanismo– obviamente la capacidad que tiene la ley para controlar el alquiler es limitada pero aún así, es un instrumento más que nosotros consideramos que hay que poner en marcha”, comentó.
El Ayuntamiento asegura que está haciendo todo lo posible por mejorar la situación en el mercado de viviendas de A Coruña, a pesar de que, recalca, las competencias son autonómicas. “El Ayuntamiento está agilizando las licencias, y primordialmente las Viviendas de Protección Oficial”, aseguró el edil que estima que han sido 500 licencias de VPO desde 2019 y que en 2024 serán otras quinientas.
También están gestionando las bolsas de suelo libres y urbanizables. El ejemplo es el polígono de San Pedro de Visma, donde habrá cerca de mil VPO. “Estamos metiéndonos en todo cuanto instrumento nos habilita la ley”, aseguró Díaz Gallego. Otro ejemplo que citó al respecto fue el plan de ruinas, que se basa en la Lei de Rehabilitación de Galicia y que el Ayuntamiento ha empleado de manera pionera para desposeer a los dueños de los inmuebles que llevan años en estado de abandono.
A principios del 2023, la Concejalía de Urbanismo anunció una lista de ocho inmuebles que subastaría si sus dueños no se hacían cargo de ellos. “Estamos yendo expediente a expediente y hay dos que se ha cambiado la propiedad y se están solicitando licencias para rehabilitar”, explicó el edil del área.
Sobre las antiguas estructuras a medio acabar, las promociones paralizadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria, que han permanecido como esqueletos de hormigón en las calles de la ciudad. En los últimos diez años han sido desapareciendo. Al respecto, Díaz Gallego señal: “Ahora mismo, que hayan solicitado licencia están los de Padre Rubinos y Sagrada Familia, y hay movimiento en A Moura”. Sobre otros, como la promoción de Epamar, en Palavea, aún queda por resolver.
