7º-14º
domingo | 28 abril | 2024
Tal y como se esperaba, la reunión que se celebró ayer entre la Consellería de Vivienda y los representantes de las concejalías de Urbanismo sobre la declaración de mercado tensionado no ha llegado a buen puerto. Sobre todo, en el caso de A Coruña, que pretendía una regulación sobre los precios del alquiler en la ciudad, cada vez más disparados. La conselleira, Ángeles Vázquez, considera que la ciudad no cumple con los requisitos, a excepción de Pontevedra. El Ayuntamiento ha replicado que lo quiere por escrito, y acusa a la Xunta de no tener una verdadera política de vivienda.
El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, tras salir de la reunión, declaró: “Parécenos absurdo que primeiro esixan documentación para respaldar a nosa solicitude de declaración e despois nos digan que non cumprimos”. Por eso exigió no solo que la Consellería de Vivienda envíe a María Pita toda la documentación que obra en su poder, si no también que aclaren por qué consideran que A Coruña no cumple con los requisitos para aplicar esta ley, pensada para congelar los precios de los alquileres.
El concejal recordó que A Coruña es la ciudad gallega con alquileres más altos (en realidad, es Vigo) y con miles de personas en lista de espera para obtener un hogar: son más de 2.800 los demandantes de vivienda protegida. Díaz Gallego también aprovechó para recordar que, en doce años, la Xunta ha construido 40 viviendas de protección oficial, “unha cantidade ridícula”.
Para el edil de Urbanismo, no tiene sentido que la Xunta afirme que A Coruña no cumple las condiciones y, al mismo tiempo, requieran informes al Ayuntamiento. Él sospecha que, “lamentablemente, a Xunta non ten ningunha política seria de vivenda, e cando existe outras administracións que as promove, o que buscar é torpedealas”. Por su parte, la Xunta reconoce que A Coruña es una de las pocas ciudades que ha solicitado una licencia para un bloque de vivienda pública (50 en este caso)
En realidad, este problema es de ámbito nacional: el PP controla la mayor parte de las autonomías de España y como la ley emitida por el Gobierno central afecta a una competencia autonómica (casi todas lo son). La postura del partido es que esta ley no solo no tendrá el efecto deseado, sino que podría fomentar la economía sumergida.
Tampoco están a favor de aplicar el índice de precios publicado el viernes pasado en el BOE, que también forma parte de la nueva Ley de Vivienda. La responsable de Vivienda del PP, Paloma Martín, ha llegado a calificarlo de “suicidio inmobiliario”. La conselleira, por su parte, lo ha calificado de “fraude mediático”.
Medidas regulatorias
Ante tal panorama, es poco probable que A Coruña sea declarado mercado tensionado de alquiler. Hay que decir que, hasta ahora, el Gobierno de Inés Rey no se había mostrado muy proactivo a la hora de adoptar medidas regulatorias, y en gran parte el impulso procedió de sus socios en la oposición: primero la Marea Atlántica y ahora el BNG.
Por otro lado, la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) también estima un impacto negativo de la Ley Estatal de Vivienda en España. “Estimamos que con la aplicación del índice estatal de precios, puede drenar a fin del 2024 un 20-25% más la reducida oferta de viviendas”. La ciudad cuenta con 350 pisos en arrendamiento disponibles, casi un 30% menos que hace un año, cuando había 490.
