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sábado | 20 abril | 2024
El delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones, ha trasladado al alcalde de Miño (A Coruña), el socialista Manuel Vázquez Faraldo, la decisión del Ministerio de Hacienda de ampliar en otros cinco años el periodo de pago de su deuda, en lo que fue calificado por el regidor como “una excepcional medida que posibilitará un importante y vital desahogo financiero” para el Ayuntamiento.
Así se lo comunicó en el transcurso de una visita realizada por el delegado del Gobierno, acompañado por la subdelegada en A Coruña, María Rivas, al Ayuntamiento de Miño, donde mantuvo un encuentro con el alcalde para analizar distintos temas que afectan al municipio coruñés.
Según explicó José Miñones, el Ayuntamiento de Miño, con una deuda actual de 20,5 millones de euros, se podrá acoger a una ampliación de cinco años en el período de pago de su deuda y además, al fusionar los dos créditos que tiene vigentes, el Ministerio de Hacienda le concede otros dos años de carencia, lo que supone de facto ampliar hasta siete años el plazo de devolución.
Esta medida complementa la ya aprobada hace algo más de un año, cuando el Gobierno había autorizado la ampliación del pago de la deuda en otros diez años. Con estas medidas, el Ayuntamiento pasará de pagar anualmente 1,7 millones para amortizar los créditos a pagar 0,9 millones, lo que representa un ahorro de 800.000 euros anuales, lo que supondrá un desahogo considerable financiero para el Ayuntamiento, según destacó la Delegación en un comunicado.
Esta incide en que las expropiaciones para la urbanización de Costa Miño generaron un conflicto judicial entre el Consistorio y los vecinos afectados, a quienes los tribunales les reconocieron su derecho a ser indemnizados.
El alcalde ya había pactado con los propietarios el pasado mes de septiembre de 2019 un acuerdo para solucionar los problemas derivados de aquella actuación, que estaba supeditado a la concesión de cantidades con cargo al Fondo de Ordenación del Ministerio de Hacienda para el año 2020.
En concreto, el regidor se había comprometido a hacer frente a las 234 sentencias pendientes con una cantidad de 7 millones de euros, si las personas afectadas estaban de acuerdo y se ponía fin a una larga actuación judicial.
