La jueza del caso Alcoa deja en libertad a los cuatro detenidos

Vista del furgón policial con los detenidos por la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio de Alcoa a su llegada a la Audiencia Nacional este viernes/Juan Carlos Hidalgo/EFE
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La jueza de la Audiencia Nacional que instruye el caso 'Alcoa', María Tardón, ha dejado en libertad con medidas cautelares a las cuatro personas que han declarado este viernes tras la operación realizada por la policía en la que ser registraron una decena de inmuebles en relación a la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio en A Coruña y Avilés, una investigación que continua bajo secreto de sumario.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, señalan que tanto los tres detenidos en el día de ayer como la cuarta persona que fue citada para que compareciera en sede judicial han declarado esta mañana ante Tardón. En concreto, se trata de Diego Peris, Luis Losada Gómez, Víctor Rubén Domenech y Alexandra Camacho Carrascal.

Diego Peris es el administrador único del Grupo Riesgo, Luis Losada es un ejecutivo administrador único de System Capital --mercantil que administraba Alu Ibérica AVL SL (la planta de Avilés)--, Víctor Rubén Domenech es el presidente del Grupo Riesgo, y Alexandra Camacho era socia de System Capital.

A los cuatro se les imputan delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, asociación criminal y contra los derechos de los trabajadores. Como cautelares, la magistrada ha acordado retirada de pasaporte y prohibición de salir de territorio nacional para los cuatro, y para los tres últimos, además, comparecencias mensuales en sede judicial.

En la operación policial de este jueves, en la que participaron más de 100 agentes se registraron instalaciones en Madrid, Avilés (Asturias), A Coruña, Málaga y Castellón. En total, según comunicado del Cuerpo Nacional de Policía se entró en un total de once domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y un despacho de abogados.

Fuentes de Alcoa España consultadas por Europa Press, puntualizaron que las fábricas de aluminio de Avilés y A Coruña ya no son de su propiedad desde julio de 2019, y añadieron que ninguno de los detenidos pertenece a Alcoa. Afirman además estar "cooperando con las autoridades" en relación al operativo desplegado en busca de pruebas de despatrimonialización fraudulenta en la venta de las que fueron sus plantas de A Coruña y Avilés.

De hecho, la multinacional estadounidense vendió ambas plantas en 2019 a Parter Capital Group "en una venta que fue avalada por el Gobierno español y apoyada por los representantes de los trabajadores", según destacan en fuentes. Posteriormente, Alcoa presentó una demanda contra Parter relacionada con la venta de acciones en las dos plantas.


Anuncio de despido colectivo

La multinacional productora de aluminio Alcoa anunció en octubre de 2018 su intención de llevar a cabo un despido colectivo en sus plantas de Avilés y A Coruña, por el que se verán afectados un total de 686 trabajadores, tras proceder al cierre de estas fábricas debido a su "improductividad".

Según afirmó entonces la compañía estadounidense, se trata de las plantas menos productivas del grupo debido a "problemas estructurales intrínsecos", y se mostró dispuesta a trabajar para reducir el impacto de este proceso y a negociar un plan social con los trabajadores.

Apuntaba Alcoa que las plantas de Avilés y A Coruña se encontraban afectadas por problemas estructurales productivos y tecnológicos como su "menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos", unidos a factores externos de mercado, como la "sobrecapacidad de producción de China", el elevado precio de las materias primas y el coste de la energía.

Todos estos factores han generado pérdidas significativas en estas plantas en los últimos años "que previsiblemente continuarán en el futuro", alertaba Alcoa.


Querella admitida en diciembre de 2020

Fue en diciembre del año pasado cuando Tardón admitió la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con ese proceso de venta de las plantas de la empresa Alcoa en Avilés y A Coruña.

La querella se presentó por hechos que, a juicio del querellante, son constitutivos de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. Se dirigía contra, entre otros, Víctor Rubén Domenech y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL o Parter Capital Group.

En el auto de admisión, la magistrada oficiaba a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que realizara "una investigación integral respecto de las personas físicas y jurídicas contra las que se dirige la querella", para el esclarecimiento de los hechos y de forma previa a resolver sobre las diligencias pedidas por los querellantes.

Además, "teniendo en cuenta la ausencia de claridad y concreción que se advierte en la querella", la jueza pedía a la UDEF que le informara sobre la titularidad real de las dos factorías ALU Ibérica LC SL y ALU Ibérica AVL SL, sus socios, órganos de administración y representación, capital social, situación financiera y cuantos elementos pudieran resultar relevantes para determinar su posible solvencia.

Tal y como explicaba Tardón en su auto, la querella se refería a Alcoa Inespal, una compañía estadounidense que se dedicaba a la producción de aluminio y que aglutinaba en sus dos centros de A Coruña y Avilés a un total de 688 trabajadores. Explicaba además que el inicio de la investigación contaba con informe a favor de Fiscalía y que es competente puesto que afecta a dos territorios.

Según señalaba la magistrada, la parte querellante sostiene que Alcoa Inespal engañó a los sindicatos representantes de los trabajadores en el marco de la negociación de la extinción colectiva de la relación laboral, proceso iniciado el 17 de octubre de 2018, "eludiendo de esta forma el abono de sus responsabilidades empresariales con los trabajadores, abocando a la insolvencia de las unidades productivas, para su transmisión lucrativa a terceros".

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