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Díaz asegura que el Gobierno "no va a abaratar" el despido tras el informe del Banco de España
La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha remarcado que el Ejecutivo central "no va a abaratar el despido", después de que el Banco de España propusiese usar los fondos europeos para reformar el despido y lanzar la 'mochila austríaca'.
Yolanda Díaz comparecerá en el Congreso por vez primera tras ser llamada a liderar Unidas Podemos

Acudirá a la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara

Yolanda Díaz será la vicepresidenta tercera del Gobierno y conservará Trabajo

En contra de la propuesta de Iglesias, Calviño asumirá la segunda Vicepresidencia del la coalición

Díaz admite que los ERTE no son suficiente y que trabaja en ayudas directas

"En esto también somos feministas y hacemos las cosas de manera diferente", ha afirmado.Díaz ha mostrado preocupación por la situación que vive su comarca natal de Ferrolterra, con el cierre de varias empresas, que cree que "no es aceptable" y ha lamentado que esta zona sea probablemente, junto con Cádiz, uno de los lugares de España que peor lo está pasando en este sentido, por lo que comprende la manifestación prevista para el 10 de marzo.A su juicio es "incomprensible" que una empresa como Siemens Gamesa, que construye palas para parques eólicos, se marche de As Somozas (A Coruña) dado el potencial que la energía eólica tiene en Galicia y espera que el Gobierno y la Xunta puedan "diseñar escenarios de la mano del plan de recuperación para desarrollar este tejido empresarial que es clave".También ha considerado que "el futuro de Galicia no se llama PP", pese a los doce años consecutivos que lleva gobernando este partido por mayoría absoluta y se ha mostrado confiada en que la comunidad tendrá "más pronto que tarde" un proyecto distinto.

Urdangarin pasa su primera noche en Zaballa y todavía no ha empezado a trabajar de consultor 
Iñaki Urdangarin ha pasado su primera noche en la prisión alavesa de Zaballa, como establece el régimen de semilibertad en el que se encuentra, y este martes no ha acudido a trabajar al bufete Imaz&Asociados de Vitoria, en el que ejercerá de consultor.
Trabajo y Hacienda estudian evitar que el cobro de ERTE perjudique en la renta

Durante su intervención en un debate organizado por Servimedia sobre la negociación colectiva, Pérez Rey ha sido preguntado por la situación que pueden afrontar muchos trabajadores en la declaración de la renta de 2020 por haber tenido dos pagadores, su empresa y el SEPE durante el tiempo que hayan estado en ERTE. Fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social han explicado a EFE posteriormente que la colaboración a la que se ha referido Pérez Rey no tiene que ver con el número de pagadores, "sino que se circunscribe, específicamente a la remisión actualizada y fehaciente de las cantidades abonadas por el SEPE a las personas trabajadoras en ERTE para que estas tributen conforme a las retribuciones que, efectivamente, hayan percibido".

Trabajo envía 45.000 cartas para revisar la situación de empleadas del hogar

La Inspección de Trabajo ha remitido 45.000 cartas a personas que tienen empleados del hogar para que, en caso necesario, regularicen sus salarios y cotizaciones, algo que ha sido bien acogido por representantes de estos colectivos que, no obstante, lo consideran insuficiente y que llega con retraso.El Ministerio de Trabajo quiere abordar la situación salarial y de cotizaciones de un colectivo formado por 381.082 empleados, casi todos mujeres, para lo que se está dirigiendo a sus empleadores informándoles del salario mínimo vigente y de las cotizaciones que, por lo tanto, tienen que abonar en función de su jornada.Tal y como recuerda la Seguridad Social, el salario de una jornada completa es de 950 euros al mes en 14 pagas (1.108,33 euros al mes si se prorratean las pagas extras), lo que significa que, en las jornadas por horas, se debe abonar 7,43 euros la hora.Esta campaña supone, además, un paso para atajar la situación de economía sumergida que se da en esta actividad, ya que, según la encuesta de población activa (EPA), hay 563.100 personas trabajando en el empleo doméstico, por lo que una de cada tres no estaría dada de alta en la Seguridad Social.Fuentes del Ministerio de Trabajo explican a Efe que se trata de la primera remesa de cartas, que luego se ampliará, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del sector, para lo que se va a facilitar también la presentación de comunicaciones anónimas, a través del buzón de la Inspección.INSUFICIENTE Y CON RETRASOLos sindicatos y asociaciones del sector valoran la iniciativa aunque la ven insuficiente y subrayan que llega con retraso.Así, la responsable de Migraciones de UGT, Ana María Corral, cree que las misivas deberían enviarse también a las empresas de trabajo temporal o plataformas digitales que intermedian en la contratación de empleadas del hogar.Para el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, esta campaña llega, además, con un año de retraso, puesto que el salario mínimo se elevó a 950 euros en 2020, de forma que muchos empleadores pueden llevar al menos un año sin actualizar los sueldos de sus trabajadores.En algunos casos la campaña podría hacer necesaria la visita al lugar de trabajo de la Inspección, lo que podría conllevar problemas por el derecho a la inviolabilidad del domicilio, según explica a Efe la presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca.No obstante, la Inspección encuentra la manera de hacer su trabajo, recuerda la responsable de UGT, ya que convoca a empleador y empleada fuera del hogar o, incluso, interroga a testigos como vecinos.Esta campaña es positiva para la Asociación para la defensa de los y las trabajadoras del hogar y los cuidados (Sedoac) que está a favor de utilizar los mecanismos legales que faciliten el pago y cotización correcta, de forma que se garanticen "cuidados de calidad con un salario que, por lo menos, sea el mínimo legal".En su cuenta de twitter Sedoac asegura, no obstante, que seguirá luchando para tener los mismos derechos que el resto de trabajadores: estar amparados por una ley de prevención riesgo laboral, prestación por desempleo y cotizar por su salario real.Y es que las empleadas del hogar cotizan en un sistema especial, dentro del régimen general, y no tienen los mismos derechos ni obligaciones que el resto de trabajadores, como una prestación por desempleo, y cuya equiparación debería haberse producido ya pero se ha retrasado a 2023.De hecho, la prestación por desempleo para este colectivo es el principal escollo para que España pueda suscribir el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre empleo doméstico, que ya han ratificado 25 países como Alemania, Italia o Portugal.Para la responsable de UGT, es imprescindible que los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social abran una mesa de diálogo social para negociar esta equiparación.