Defiende que da flexibilidad al Gobierno y los agentes sociales para hacer ajustes
Las dos comunidades mejoraron en cifras absolutas su evolución frente al cierre de febrero
Un total de 590 personas encontraron empleo en el tercer mes del año, frente a las 250 de febrero
La federación de comerciantes pide el nuevo Presco con urgencia para reactivar la economía
La institución da continuidad a cinco de sus programas dedicados al impulso del emprendimiento
La Cámara de Comercio desarrolla el Programa 45+, cuyo objetivo principal es ofrecer al colectivo de desempleados mayores de 45 años acciones de asesoramiento y de competencias digitales para enfrentarse a la búsqueda de empleo en la actualidad
Las actividades comprenden información, orientación, formación e inserción laboral
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, avanzó este viernes que, tras el pico de la tercera ola de contagios del Covid, registrado a finales de enero, los trabajadores sujetos a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se redujeron en 136.000 personas, de acuerdo con las cifras más recientes que obran en poder de la Seguridad Social.Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario que aprobó el nuevo paquete de ayudas a empresas y autónomos por importe de 11.000 millones de euros, la vicepresidenta explicó que el número de trabajadores en ERTE comenzaron a reducirse "en paralelo" a la desescalada de las medidas de contención adoptadas por las comunidades autónomos.Para Calviño, los datos demuestran "la gran utilidad" de los ERTE para evitar una intensa destrucción de empleo, frente a lo ocurrido en crisis anteriores.Preguntada por si el Gobierno tiene previsto extender los ERTE y la prestación de autónomos más allá del 31 de mayo, la vicepresidenta expresó la "absoluta disposición" del Ejecutivo para adaptar los distintos instrumentos que se pusieron en marcha a las necesidades de las distintas fases de la pandemia."Nuestra evaluación es que disponemos en este momento de una batería sin precedentes de instrumentos para apoyar a la economía y evitar el impacto estructural que pueda lastrar la recuperación", subrayó.Junto a los ERTE, Calviño destacó que los avales del ICO fueron además un elemento "clave" para asegurar la liquidez en 2020, pues se movilizaron más de 121.000 millones en créditos y financiación para pymes y autónomos, con especial incidencia en comercio, transporte y hostelería, los sectores más afectados por la pandemia.Todo lo anterior se suma a la prestación por cese para los autónomos y las moratorias bancarias, fiscales y de Seguridad Social, ha añadido la vicepresidenta tercera, que recordó que, en total, las ayudas desplegadas en 2020 ascendieron al 20% del PIB. Con el decreto de ayudas por valor de 11.000 millones de euros aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, el total previsto para 2021 supera el 2% del PIB.
El SEPE sufrió ayer un ciberataque aunque no ha afectado a sustracción de datos, los sistemas operativos y de gestión del SEPE, ni a los servidores".
El virus, que ha afectado tanto a los ordenadores de los puestos de trabajo como a los portátiles de la plantilla que se encuentra teletrabajando, provocará "un retraso en la gestión de centenares de miles de citas en toda España".
Tras el repunte de nuevas sociedades de enero, el pasado mes se registró la cifra más baja en casi una década
La Feria de Empleo de la Cámara de Comercio de A Coruña ha reunido este jueves a medio centenar de empresas y a 530 jóvenes.
Serán ofertas dirigidas a jóvenes de la demarcación cameral, menores de 30 años, que no se encuentren trabajando ni estudiando y que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Tanto la comarca coruñesa como la betanceira vivieron bajadas, pero CCOO llama a tomar el dato con precaución
El plan afectará a 2.500 trabajadores de los centros comerciales y 500 de servicios corporativos, lo que supone más de un 4% de la plantilla.
El año pasado, el SEPE abonó casi 228 millones de euros a trabajadores de la provincia acogidos a ERTE como consecuencia de la pandemia del coronavirus.
En respuesta a sendas interpelaciones de BNG y PSdeG sobre los efectos de la pandemia de la covid y el impacto de la crisis económica en las mujeres, ha explicado que se trata de tener una "fotografía en tiempo real del impacto de la covid en las mujeres gallegas" y una "radiografía de mercado laboral" gallego.
No seguir inscrito como demandante es la causa más habitual en los expedientes, pero la renovación fue automática por el estado de alarma
La Inspección de Trabajo ha remitido 45.000 cartas a personas que tienen empleados del hogar para que, en caso necesario, regularicen sus salarios y cotizaciones, algo que ha sido bien acogido por representantes de estos colectivos que, no obstante, lo consideran insuficiente y que llega con retraso.El Ministerio de Trabajo quiere abordar la situación salarial y de cotizaciones de un colectivo formado por 381.082 empleados, casi todos mujeres, para lo que se está dirigiendo a sus empleadores informándoles del salario mínimo vigente y de las cotizaciones que, por lo tanto, tienen que abonar en función de su jornada.Tal y como recuerda la Seguridad Social, el salario de una jornada completa es de 950 euros al mes en 14 pagas (1.108,33 euros al mes si se prorratean las pagas extras), lo que significa que, en las jornadas por horas, se debe abonar 7,43 euros la hora.Esta campaña supone, además, un paso para atajar la situación de economía sumergida que se da en esta actividad, ya que, según la encuesta de población activa (EPA), hay 563.100 personas trabajando en el empleo doméstico, por lo que una de cada tres no estaría dada de alta en la Seguridad Social.Fuentes del Ministerio de Trabajo explican a Efe que se trata de la primera remesa de cartas, que luego se ampliará, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del sector, para lo que se va a facilitar también la presentación de comunicaciones anónimas, a través del buzón de la Inspección.INSUFICIENTE Y CON RETRASOLos sindicatos y asociaciones del sector valoran la iniciativa aunque la ven insuficiente y subrayan que llega con retraso.Así, la responsable de Migraciones de UGT, Ana María Corral, cree que las misivas deberían enviarse también a las empresas de trabajo temporal o plataformas digitales que intermedian en la contratación de empleadas del hogar.Para el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, esta campaña llega, además, con un año de retraso, puesto que el salario mínimo se elevó a 950 euros en 2020, de forma que muchos empleadores pueden llevar al menos un año sin actualizar los sueldos de sus trabajadores.En algunos casos la campaña podría hacer necesaria la visita al lugar de trabajo de la Inspección, lo que podría conllevar problemas por el derecho a la inviolabilidad del domicilio, según explica a Efe la presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca.No obstante, la Inspección encuentra la manera de hacer su trabajo, recuerda la responsable de UGT, ya que convoca a empleador y empleada fuera del hogar o, incluso, interroga a testigos como vecinos.Esta campaña es positiva para la Asociación para la defensa de los y las trabajadoras del hogar y los cuidados (Sedoac) que está a favor de utilizar los mecanismos legales que faciliten el pago y cotización correcta, de forma que se garanticen "cuidados de calidad con un salario que, por lo menos, sea el mínimo legal".En su cuenta de twitter Sedoac asegura, no obstante, que seguirá luchando para tener los mismos derechos que el resto de trabajadores: estar amparados por una ley de prevención riesgo laboral, prestación por desempleo y cotizar por su salario real.Y es que las empleadas del hogar cotizan en un sistema especial, dentro del régimen general, y no tienen los mismos derechos ni obligaciones que el resto de trabajadores, como una prestación por desempleo, y cuya equiparación debería haberse producido ya pero se ha retrasado a 2023.De hecho, la prestación por desempleo para este colectivo es el principal escollo para que España pueda suscribir el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre empleo doméstico, que ya han ratificado 25 países como Alemania, Italia o Portugal.Para la responsable de UGT, es imprescindible que los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social abran una mesa de diálogo social para negociar esta equiparación.