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Un estudio cifra en casi 1.500 los empleos que se perderán por el cierre de la central de As Pontes
La revista 'Sustainability' publica un estudio de economistas gallegos sobre el impacto socioeconómico en el municipio
La alerta amarilla por vientos obliga a cerrar la Torre de Hércules y el CIAV este domingo

El Ayuntamiento cerró ayer, a las 11.45 horas, el acceso a la Torre de Hércules y al Centro de interpretación e atención de visitantes (CIAV) por el nivel de alerta amarillo por vientos.

El padre Rosendo agradece la movilización para evitar el cierre del convento capuchino

Los feligreses se concentrarán mañana a las puertas de la iglesia para mostrar su apoyo a los frailes

La Guardia Civil denuncia casi 1.600 infracciones por saltarse las restricciones el Viernes Santo

La Guardia Civil tramitó este Viernes Santo un total de 1.586 infracciones y controló 25.090 vehículos en toda España, según han indicado a Efe fuentes cercanas del dispositivo.El Jueves Santo se interpusieron 1.166 denuncias y se controlaron 32.271 vehículos, mientras que el miércoles la Guardia Civil denunció un total de 1.365 infracciones y controló 28.583 vehículos en toda España, según las mismas fuentes.Este dispositivo forma parte del despliegue de 64.200 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que en esta Semana Santa tienen como objetivo que se cumplan las restricciones, como no saltarse el cierre perimetral decretado en todas las comunidades autónomas.Estos controles afectan especialmente a las carreteras y, según informó recientemente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se intensifican en los recorridos cortos.En Cataluña, los Mossos d'Esquadra y las policías locales esa comunidad han impuesto 166 denuncias entre el jueves y el viernes pasado, en la salida de la segunda fase de Semana Santa, por no respetar la burbuja de convivencia en los desplazamientos más allá de la comarca.Según datos policiale, el pasado jueves los Mossos d'Esquadra y las policías locales impusieron 76 denuncias y el viernes 90 por no acreditar que su movilidad más allá de la comarca estaba justificada, ya que únicamente se permite para las burbujas de convivencia.Además, la Guardia Urbana de Barcelona desalojó el viernes a 90 personas de un local de copas ubicado en el barrio del Poblenou de la ciudad.La Policía local ha informado este sábado en las redes sociales del desalojo, que tuvo lugar al comprobar que en el local no se estaban respetando las medidas contra el Covid-19.

Cuarenta años del cierre de la primera instalación radioactiva de España

Hace cuarenta años, en 1981, se cerraba la que fuera la primera instalación radioactiva de España, la primera fábrica comercial de concentrados de uranio, que se emplazó en Andújar (Jaén) y que ahora, desde 1994, yace de forma discreta bajo un gran montículo de tierra cubierto de hierba.La conocida como fábrica de uranio de Andújar (FUA), fue explotada hasta su cierre por la Junta de Energía Nuclear (JEN), creada en 1951 por orden de Franco y en un momento en el que todavía no se conocían los efectos de la radioactividad.El lugar elegido para su construcción, junto a las vías del tren y de la antigua N-IV, y a orillas del río Guadalquivir, no podía ser mejor en cuanto a ubicación, sin embargo, entonces no se tuvieron en cuenta los efectos adversos para la salud, tanto de los trabajadores y sus familias como de las personas que vivían cerca.Apenas queda en la actualidad una veintena de sus casi 200 trabajadores y los que han sobrevivido sufren las consecuencias de la exposición a la radioactividad y la inhalación de polvo de uranio, jubilados por enfermedad, con familiares muertos, dolores permanentes o cáncer.Manuela Barroso vivía en los años cincuenta en el interior del recinto de la FUA, mientras se edificaba la fábrica, ya que su padre, marino de profesión, se trasladó desde Ayamonte (Huelva) para trabajar allí de vigilante de seguridad.Ella recuerda como siendo una niña de 12 o 13 años jugaba con "las piedras de colores" que llegaban allí desde las minas, y como a los 14 entró a trabajar en el laboratorio, donde la única medida de seguridad era una bata que luego lavaban en casa.Los padres de Manuela, que sufrieron durante años dolores y secuelas, la llevaron por primera vez al médico con 16 años, cuando comenzaron sus "dolores en los huesos" que no han cesado desde entonces.Tras el cierre de la FUA, ella trabajó en su clausura, ya con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (Enresa), y durante años en el Cabril, donde dice que se quedó "alucinada de las medidas de seguridad que había" y donde ha estuvo "muy a gusto" hasta jubilarse por enfermedad.Irene Jiménez no trabajó en la fábrica, pero ha perdido por el cáncer a su marido, a su hermano que empezó a trabajar con 13 años, y a su padre, que fue "el primer chófer de la nuclear".El mineral se trasladaba en camiones y vagones de tren, a cielo abierto, sin ninguna protección, e incluso los trabajadores lo cogían con las manos y se comían el bocadillo encima.Manuel Navas y su mujer, ahora impedida en silla de ruedas, trabajaron también en la fábrica, un empleo muy bien considerado porque nada se sabía de los efectos de la radioactividad y los sueldos eran altos.

El sector del ocio nocturno en Galicia pierde 200 locales y acumula pérdidas de más de 300 millones

El sector del ocio nocturno ha cifrado en más de 300 millones de euros las pérdidas que acumula ya por los cierres derivados del Covid-19, lo que ha motivado también, argumenta, el cierre de 200 locales en la Comunidad.Así lo revela el Estudio de Impacto del Coronavirus en el Ocio Nocturno y los Espectáculos, realizado por la Asociación de Empresas de Ocio en Galicia (Galicia de Noite) junto con la patronal España de Noche, donde se recoge que la facturación cae en picado, con un descenso cifrado en 1.018 millones de euros.Este mismo estudio señala que "su capacidad de resistencia se encuentra al límite", con un retroceso en la facturación de más del 84%.

Eurodiputados de Galicia y Portugal exigirán compensaciones por cierre frontera

Eurodiputados de Galicia y Portugal presentarán una iniciativa conjunta en el Parlamento Europeo para reclamar compensaciones económicas para los municipios situados a ambos lados del río Miño por el cierre de la frontera.Así se ha acordado en una reunión convocada por la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Río Miño, en la que han participado los eurodiputados españoles Francisco Millán Mon (PP), Nicolás González Casares (PSOE), Ana Miranda (BNG) y los portugueses José Manuel Fernándes (PSD), María Manuel Rola (BE) y Joao Fereira (PCP).Todos ellos, según ha explicado el vicedirector de la AECT Río Miño, Uxío Benítez, tras la reunión, entienden que en la frontera entre Galicia y Portugal "hay un problema" y que la reducción de los pasos abiertos entre ambas regiones, uno solo abierto las 24 horas, "no tiene sentido".Los eurodiputados coinciden en la necesidad de establecer "mecanismos de compensación" a través de los fondos europeos y de los planes de resiliencia para los territorios que están siendo "doblemente afectados" por la pandemia y por el cierre de la frontera.Ambas partes, eurodiputados y municipios afectados, han acordado crear un "foro estable" para poder hacer un seguimiento a esta problemática que afecta a "miles de personas".Con respecto al mantenimiento del cierre de la frontera hasta después de Semana Santa, Benítez ha lamentado que se vuelva a producir un "escándalo", al tratarse de una decisión que "va a llevar a la ruina" a todo el territorio del Miño."Se sigue obligando a las personas trabajadoras a recorrer distancias kilométricas, a tener gastos de entre 200 y 300 euros más al mes en combustible para acceder a los puestos de trabajo", ha recordado el vicedirector de la AECT Río Miño.Esta decisión demuestra, según el dirigente, que los gobiernos de España y Portugal "siguen demostrando que desconocen la situación transfronteriza", en la que hay una vida económica, unas relaciones laborales y empresariales "que dependen de la apertura de la frontera". 

Rueda, sobre el horario de la hostelería: "No es suficiente, pero es un primer paso"

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha compartido este sábado que el cierre de la hostelería a las seis de la tarde, horario impuesto en la desescalada, no es "suficiente" pero sí el "primer paso" y ha vuelto a insistir en la conveniencia de ir "poco a poco" con la intención de avanzar y de "no dar pasos atrás".Si se cumplen las normas y los datos epidemiológicos van mostrando mejoría, se podrá ir "ampliando" el margen "hasta volver a un horario normal", ha dicho en Rodeiro (Pontevedra), municipio que ha visitado para asistir a la toma de posesión del alcalde, Rubén Quintá, después de que su predecesor, Luis López, fuese nombrado delegado de la Xunta en Pontevedra.Rueda, que se ha tomado un café en un establecimiento, ha comentado que, si se acatan las recomendaciones de las autoridades sanitarias, "lo lógico y lo normal será ir avanzando".En declaraciones a la prensa, ha aludido al sistema de códigos QR que permite registrar los clientes de estos locales y que será obligatorio desde el próximo viernes, tras la ampliación de tiempo concedida.Ha dicho que muchos hosteleros se la han descargado al mismo tiempo, por lo que ha habido alguna "dificultad técnica" y, en este momento, "algo más del 70% " ya han completado el proceso.Registrar las visitas a un negocio es algo "muy sencillo" que facilitará "mucho las cosas" en caso de un contagio, ha expuesto, y ha recordado que en todo caso es algo "absolutamente reservado" solamente para su uso desde un punto de vista sanitario."Se activará en caso de que se produzca un contagio en beneficio general y de ellos mismos", ha expuesto.