El pacto entre el Gobierno central y la Generalitat sobre la financiación singular para Cataluña ha desatado no solo duras críticas de las comunidades del PP, que no descartan ninguna vía jurídica o política en su contra, sino también del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, quien pide que no les tomen "por tontos", o de Podemos.
El Gobierno central y la Generalitat de Catalunya han pactado este lunes la estructura del nuevo modelo de financiación singular para Cataluña, que prevé que la administración catalana recaude todos los impuestos y transfiera una parte al Estado, un esquema "generalizable" a otras comunidades cuyos plazos y cifras aún no se han definido.
Esta reforma, según el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, será tratada en un Consejo de Política Fiscal y Financiera que convocará tras el verano el Gobierno que garantiza, en palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que el acuerdo no perjudicará a ninguna otra comunidad autónoma sino que, como ha indicado el titular de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, "van a ganar todas".
Pero las críticas han llegado desde varias comunidades autónomas entre ellas las del presidente castellanomanchego, el socialista García-Page, quien ha pedido que no les tomen "por tontos", y ha afirmado que si fuera la Comunidad de Madrid quien planteara este sistema los mismos que se han reunido en la comisión bilateral "estarían diciendo que es una barbaridad y que rompe la igualdad de oportunidades".
"Parece mentira que la primera vez que se habla en serio (de financiación) tenga que ser simplemente para pagar favores, chantajes", ha denunciado García-Page.
Rechazan de plano esta reforma el PP y las comunidades en las que gobierna este partido, que califica la financiación singular de Cataluña de "cupo secesionista" y contra la que no descarta ninguna vía jurídica o política.
El portavoz del PP, Borja Sémper, cree que es "el siguiente paso para alargar la agonía de Pedro Sánchez", con el que el PSOE rompe la equidad y supone la compra del silencio de los socios del Gobierno ante la corrupción con el dinero de todos.
Un argumento parecido al de Podemos, cuyo portavoz, Pablo Fernández, ha acusado también al PSOE de intentar “tapar” sus casos de corrupción y de machismo a través de la financiación singular para Cataluña: “El Partido Socialista está absolutamente desesperado por intentar ganar tiempo y oxígeno hasta que aparezca otro informe de la UCO”, ha recalcado.
Entre las vías que no descarta el PP en contra de este acuerdo está recurrirlo al Tribunal Constitucional, porque "nos negamos a firmar esta sentencia de muerte contra España", ha enfatizado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha advertido de que el país avanza hacia una "república plurinacional de manera inexorable": "lo tienen todo programado".
Mientras, el presidente de Vox, Santiago Abascal, cree por su parte que este acuerdo es una buena muestra de lo "nefasto" y "nocivo" del actual sistema de financiación: "Estamos en manos de una mafia que toma decisiones solo para permanecer en el poder".
Sumar e IU, socios del Gobierno, sí han expresado su apoyo al pacto: Sumar celebra que se abra el debate sobre la "imprescindible reforma" del sistema de financiación autonómica, donde el partido de Yolanda Díaz defiende la necesidad de acabar con el dumping fiscal y de dotar de más recursos a las comunidades.
Y el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha apoyado este acuerdo entre ERC y PSOE siempre que sea "extrapolable a todas las comunidades autónomas" para que corrijan sus respectivos déficit de financiación.
