Los funcionarios de Justicia abandonan la mesa de negociación de servicios mínimos

Los funcionarios de Justicia abandonan la mesa de negociación de servicios mínimos
Varios funcionarios de Justicia participan en una concentración ante el Congreso | JP Gandul (EFE)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) anunció este jueves que el comité de huelga, compuesto por los convocantes CSIF, STAJ, CCOO y UGT, decidió abandonar la mesa de negociación de servicios mínimos dada la actitud del Ejecutivo: “Un Gobierno sordo y ciego ante una justicia que revienta por los cuatro costados”.


En un comunicado del sindicato, se apunta que la cifra de juicios que tuvieron que ser aplazados o suspendidos durante este primer mes de movilizaciones y paros de los 45.000 funcionarios de Justicia asciende al medio millón.


Añaden que a ese número de suspensiones hay que sumar más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas. Lamentan al hilo que “a pesar del grave deterioro que esto causó en los ciudadanos, el Ministerio de Justicia no ha mostrado voluntad de sentarse a negociar una mejora de las condiciones laborales del colectivo de funcionarios, que supone el 93% de la plantilla”.

 

Indefinida a partir del 22

Sobre el abandono de la mesa, desde CSIF indican que toman esta decisión porque entienden que la estrategia del Ministerio de Justicia “es alargar el conflicto de manera artificial a pesar del perjuicio causado a los ciudadanos, cuyos intereses dependen en muchos casos de una resolución judicial”. Así, advierten de que la huelga se tornará en indefinida a partir del 22 de mayo.


El responsable de Justicia de CSIF, Javier Jordán,  señaló ayer durante la concentración frente al Congreso que “es insultante” que el Ministerio de Justicia y el Gobierno “que se dice progresista y socialista” trate de manera “desigual” a los trabajadores de Justicia, “los que menos cobran”, mientras hace ofertas económicas para los letrados de la Administración de Justicia y para los jueces y fiscales.


Apuntó que les sorprende que el mismo Gobierno que pide votos en la campaña, “paralice y colapse la Administración de Justicia en perjuicio de esos mismo ciudadanos”.

 

Una oferta económica

Así las cosas, en el comunicado lamentan los perjuicios generados pero resaltan que “el único responsable es el Gobierno” y en concreto la ministra de Justicia, Pilar Llop, a la que el sindicato reclaman ya una oferta económica.


Por otro lado, recuerdan que ya registraron en Moncloa una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le emplazaban a que autorice una oferta económica que reconozca las funciones que realizan cada día los funcionarios, y que permita negociar la redacción de los proyectos de ley que les afectan.


Mientras, el personal laboral de la administración de Justicia anunció que comenzará con las movilizaciones para reclamar unas “condiciones de trabajo dignas” y el próximo miércoles mantendrán una huelga general que se sumará a las protestas de funcionarios, jueces, fiscales y abogados.


Psicólogos, trabajadores sociales, educadores forenses, peritos judiciales, traductores-intérpretes, técnicos en anatomía patológica, archiveros, ordenanzas y personal de mantenimiento conforman este colectivo, que exige que se “dignifique” su trabajo, con el fin de las externalizaciones de servicios y la conversión de algunos puestos en plazas de funcionarios, detalló el responsable de CCOO de personal laboral, Pedro Azorín. 

 

Acuerdo de jueces y fiscales

Por otra parte, seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales firmarán el martes un acuerdo con el Gobierno que incluye una subida salarial de unos 450 euros brutos mensuales y otras mejoras laborales, lo que supone la desconvocatoria de la huelga indefinida a partir del lunes. 

 

Con el acuerdo cerrado y a falta de formalizarlo con las firmas de los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) es la única que discrepa de esta propuesta porque no la considera “satisfactoria”, en palabras de su portavoz, Juan José Carbonero, quien apuntó que aún “hay tiempo de acercar posiciones”, aunque ahora la situación es “más difícil”. 

 

La última oferta del Ejecutivo consiste en un paquete de 46,7 millones de euros, que se traduce en una subida de unos 450 euros brutos al mes y otras mejoras como un aumento de plazas en las carreras.

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