Por primera vez en años, el Ayuntamiento exige de las concesionarias de los párkings subterráneos que se pongan al corriente del pago del canon y que se adapten a la normativa de movilidad, lo que supone que todos los aparcamientos antiguos deberán instalar ascensores. El concejal de Planificación Estratégica y Hacienda, José Manuel Lage, ha sido tajante al respecto: tienen 14 meses. Pero el presidente de la Asociación de Empresarios de Garajes y Aparcamientos, Ángel Soto, se muestra escéptico sobre las posibilidades de que se cumpla la fecha límite. “Sería la primera vez que se cumplieran los plazos de obra”, comenta, irónico.

Lage acompañó ayer a la alcaldesa, Inés Rey, y a la concejala de Movilidad, Noemí Díaz, en su visita a las obras de humanización de los Cantones, cuyo aparcamiento es uno de los muchos que no disponen de ascensor.  Rey también fue muy clara al respecto: “Los aparcamientos tienen que cumplir con las normas de accesibilidad universal y por tanto, habrá que acometer por parte de los concesionarias las obras necesarias”. En el caso del de los Cantones, ni siquiera tienen escaleras mecánicas.  

El concejal de Hacienda recordó que el Gobierno local está tratando de regularizar una situación anómala: durante años, la falta de control en las concesiones provocó que no se abonara el canon. No solo en lo que se refiere a aparcamientos, sino en toda clase de negocios (como la farmacia de Adormideras, que acumula una deuda de 400.000 euros). En conjunto, 5,2 millones, según las estimaciones de los funcionarios municipales, y deben abonar antes de fin de año si no quieren que se rescaten las concesiones.

Caso por caso

Pero el problema de los parkings es mayor porque están obligados a instalar ascensores. “Teñen un prazo, setembro de 2026, e o que ten que fazer a xente e cumprir coas normas”, sentenció Lage. Pero Soto alega que no es tan fácil como parece a simple vista, y que tendrá que evaluarse la situación caso por caso. “Dependiendo del pliego de condiciones de la concesión, en algunos casos será el Ayuntamiento el que tenga que realizar las obras”, advierte.

Soto apoya el hecho de que el Gobierno local haya decidido acabar con el descontrol en las concesiones, pero insiste en que la situación es compleja y exigirá mucho diálogo. “Por ejemplo, construir un ascensor es una inversión importante, sobre todo por la obra civil. Implica eliminar plazas. A algunas concesionarias no les compensará si les quedan doce años de contrato”.

Además, aunque Soto espera que el Ayuntamiento acelere la concesión de los permisos de obra, obtener la licencia para instalar un ascensor es un asunto que puede tardar bastante tiempo. Por eso él apuesta por la colaboración mutua. A fin de cuentas, una vez finalizada la obra, pertenecerá al Ayuntamiento, no a la empresa. “Todo el mundo tiene algo que ganar”, remata.