El Puerto de A Coruña estudia nuevas concesiones similares a la de la Fundación Marta Ortega

El presidente de la Autoridad Portuaria señaló que el sistema que se usó para las exposiciones puede servir en el futuro para nuevas concesiones
El Puerto de A Coruña estudia nuevas concesiones similares a la de la Fundación Marta Ortega
Vista de los muelles de Trasatlántico, Batería y Calvo Sotelo, los primeros en ser abiertos al público | Quintana

La fachada marítima, el gran proyecto que decidirá el futuro urbanístico de la ciudad, se ha convertido en un problema enquistado en el que no ha avanzado apenas en dos años. Pese a todo, los muelles están abiertos al público y se han convertido en un foco de atracción gracias a los conciertos veraniegos o a otras actividades culturales como las exposiciones de la Fundación MOP. El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández-Prado, considera que el régimen de concesión es una buena herramienta: “Es un modelo muy conocido en el sistema portuario español. También en A Coruña y no solo en el Puerto”.


Efectivamente, también administraciones como el Ayuntamiento, por ejemplo, cuenta con numerosas concesiones. “Es una forma de que el suelo siga siendo público, que se pueda hacer una explotación y de que genere ingresos a la administración pública”. Es por eso que se valora como una de las líneas posibles a la hora de abrir a la ciudad un puerto que sigue muy necesitado de ingresos para pagar la deuda que arrastra por la construcción del Puerto Exterior, de 286 millones de euros.


En este contexto, la noticia de que la fundación de Marta Ortega aspira  consolidar su proyecto cultural, iniciado en 2021 en el muelle de Batería, resulta muy positiva. MOP prevé invertir 97 millones de euros en un periodo de nueve años, mediante una concesión demanial solicitada a la Autoridad Portuaria. Según la propuesta presentada, la duración estimada de apertura al público de las exposiciones oscilará entre cuatro y seis meses cada año.


A los 97 millones de euros se suman las tasas que deberá abonar la Fundación MOP por la ocupación del espacio portuario en el que desarrolla sus iniciativas, el muelle de Batería. La entidad pretende ocupar una superficie de 13.697 metros cuadrados que comprende los antiguos silos de cemento, la nave en la que se han organizado tres exposiciones en los últimos años y dos locales en el acceso al puerto por Entrejardines y las superficies anexas.

 

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Fernández Prado lo valoró como una “fantástica noticia que al final es un compromiso con los ciudadanos de A Coruña”. También el vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo, que había acudido a la Autoridad Portuaria para firmar un convenio de colaboración en materias de emergencias, se mostró muy abierto al modelo de concesiones. No hay que olvidar que la Xunta, como  el Ayuntamiento o como Puertos del Estado, son administraciones competentes a la hora de decidir el futuro de los muelles. Cuando avance la transformación del puerto y su apertura a la ciudad, será una de las alternativas sobre la mesa.   


El problema es que hace mucho tiempo que no se registran avances. En esto, como en todo, las recientes elecciones autonómicas han supuesto un retraso. “Era mejor esperar al nuevo escenario pero el día en que se constituya el nuevo gobierno es el momento para retomar las negociaciones”, opinó el presidente de la Autoridad Portuaria. A ese respecto; Calvo recordó que hay “debates que con complicados. El próximo lunes se constituye el Parlamento, después de Semana Santa toma posesión el presidente, Alfonso Rueda, y después será el momento de retomar este asunto”.

 
El vicepresidente del Gobierno autonómico asegura que el futuro de los muelles de la ciudad “no ha quedado aparcado”, pero lo cierto es que ha pasado mucho tiempo desde que se pudo anunciar el último avance. Fernández-Prado se tuvo que remontar a finales del verano pasado para recordar las  declaraciones de la alcaldesa, Inés Rey, que había mostrado su voluntad de volver a negociar. “Ahora hay que ir concretando, claro”, apuntó. Se trata de compaginar el uso del litoral de la ciudad con el pago de la deuda de una administración pública impulsando un consorcio en el que todos participen.

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