Dos de las cuatro nuevas plazas de jueces que sustentan las secciones especializadas en abordar casos de violencia machista que gana Galicia se crearán, como anticipaba el anteproyecto de decreto diseñado por el Ministerio de Justicia, a costa de transformar -y de facto suprimir- otras dos de juzgados de instrucción, en concreto en A Coruña y Vigo.
Así lo ratifica el decreto definitivo que publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE). En él, se concreta que se crean cuatro nuevas secciones especializadas en violencia sobre la mujer para los partidos judiciales de Santiago, Ourense, A Coruña y Vigo.
En el caso de Santiago y Ourense las plazas van en el artículo 5 que certifica las que se crean específicamente. Sin embargo, en el caso de A Coruña y Vigo, se incluyen en el artículo 4 del decreto que certifica la transformación de varias plazas de sección de instrucción en plazas de sección de violencia sobre la mujer.
En concreto, en Galicia, la plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña, en funcionamiento, se transforma en la plaza número dos de la sección de violencia sobre la mujer.
Lo mismo ocurre en Vigo, donde la plaza número 8 de Instrucción, en funcionamiento, se convierte en la que sustentará un segundo juzgagdo para abordar los casos de violencia machista.
Esta vía, la de la conversión de plazas de instrucción en plazas para reforzar las secciones de violencia sobre la mujer, se utiliza para un total de ocho plazas: las dos de Galicia y otras seis en distintos partidos de Andalucía, Madrid y Valencia.
De este modo, el real decreto contempla la creación de 50 nuevas plazas de jueces, de las cuales, ocho plazas son resultantes de la transformación de plazas existentes en las Secciones de Instrucción del mismo partido judicial y 42 plazas son de nueva creación.
Cada nueva plaza de juez irá acompañada de la creación de una plaza de fiscal especializado, sumando así 42 nuevas plazas en la plantilla del Ministerio Fiscal.
La mayoría de estas nuevas plazas está previsto que entren en funcionamiento el 31 de diciembre de 2025, coincidiendo con la culminación de la implementación de la nueva estructura judicial prevista en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que transforma 3.900 juzgados en 431 Tribunales de Instancia.
