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viernes | 13 junio | 2025
La vivienda se ha convertido en los últimos años en uno de los temas de conversación más recurrentes, por lo menos, en la ciudad de A Coruña. Aunque recientemente se ha aprobado la regulación de los pisos turísticos y la declaración de zona tensionada, siguen sin ser suficientes para garantizar el acceso a un alojamiento. Por lo menos así lo piensa la nueva Plataforma polo Dereito á Vivenda, presentada hoy por la mañana, y cuyo objetivo no es otro que “defender o dereito á vivenda e loitar para que as administracións garantan o acceso a elas”.
AVITURGA insta a crear más pisos protegidos |
El vicepresidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Rafael Serrano, considera que el problema del acceso a la vivienda no pasa por limitar las Viviendas de Uso Turístico (VUT), sino por la creación de vivienda pública. “En casi una década no se han construido ninguna vivienda pública. Hay más de 30.000 viviendas vacías y quieren cerrar 1.000 turísticas”, sentenció Serrano. |
La asociación, compuesta por miembros del sindicato de la Confederación General del Trabajo (CGT), Esquerda Revolucionaria, Sindicato de Estudiantes y la asociación de vecinos del Agra do Orzán, nace con la idea de revertir un mercado que en los últimos años ha venido registrando precios abusivos. “Nos últimos dez anos subiu un 80% o precio do aluguer; e nos últimos cinco, case un 45%. Non podemos tolerar esta situación”, aseguró Santiago Lamelo, uno de los portavoces de la asociación.
Lamelo también explicó que la vivienda se ha convertido en “un activo financiero con intereses especulativos” y que la misión de la organización no es otra que llevar a cabo medidas de presión para mejorar el acceso. Además, hacen un llamamiento a toda clase de colectivos políticos, sociales y sindicales para que formen parte de su recién creada asociación. “Hay que hacer lo que sea para presionar. Cuanta más gente sea, mejor”, sentenció.
Entre las medidas que la Plataforma polo Dereito á Vivenda plantea se encuentran la creación de un parque público de alquiler, la desaparición de la Sareb, así como la limitación de Viviendas de Uso Turístico (VUT) y su prohibición en el caso de las ilegales. “El Ayuntamiento tiene la potestad de limitar el uso de las VUT. En Galicia hay más de 9.000 viviendas turísticas ilegales”, dijo Lamelo, quien además apunta que se deberían prohibir en los barrios en los que haya problemas de acceso al alojamiento.
Además, la organización también tacha de “insuficiente” la declaración de la zona de vivienda tensionada a causa del elevado precio y recalca la importancia de luchar contra las empresas de desokupación mediante concentraciones o movilizaciones.
