Como suelen decir los liberales: “No existe tal cosa como una comida gratis. Alguien tiene que pagarla”. Lo mismo puede decirse de los viajes en bus: cada vez que se rebaja la tarifa bonificada, lo que no abonan los viajeros debe hacerlo el Ayuntamiento. Es decir, los coruñeses. Esto es igual de cierto para el descuento del 60% del bus universitario para las líneas 12 y 12A. O no: su coste se añadirá al de las otras rebajas, disparando la deuda que el Ayuntamiento mantiene con la Compañía de Tranvías a más de 14 millones de euros.
En efecto: en los últimos años, la deuda que el Ayuntamiento mantiene con Tranvías no ha dejado de crecer debido a las sucesivas rebajas. La alcaldesa, Inés Rey, recuerda con frecuencia que, desde enero de 2023, la tarifa bonificada con la Millennium se redujo al 50%. El Ministerio de Transportes pone el 30% de esta rebaja y el Ayuntamiento, el 20%. “Situando o prezo actual como o máis baixo da súa historia”, recordó la regidora.
Pero mucho antes de esta iniciativa, la Millennium ya ofrecía una tarifa bonificada. Por eso en los presupuestos municipales aparece cada año una partida destinada a la subvención de transporte colectivo urbano para viajeros de casi ocho millones de euros (7.957.552). Esta partida se ha mantenido fija en los últimos ejercicios, pero los gastos han seguido creciendo. En 2017, la deuda era ‘solo’ de 1,8 millones de euros, pero cada sucesiva rebaja de la tarifa ha ido acompañada de un aumento de viajeros, y no ha hecho nada más que aumentar la deuda hasta superar los 14 millones.
El Gobierno de Xulio Ferreiro trató de romper este círculo vicioso simplemente imponiendo una bajada unilateral de la tarifa, a pesar de que se le advirtió que iba contra las condiciones de la concesión. La Compañía de Tranvías acudió a los tribunales y estos le dieron la razón: se había cometido un abuso de poder.
Ahora, Tranvías vuelve a acudir a los tribunales para exigir el pago de los atrasos del Gobierno local, tanto los que le generó la Marea Atlántica, como los del Gobierno de Inés Rey. Esto se produce en un momento en el que la concesión está a punto de acabar (se extingue a finales de año) y se ignora si el Gobierno local será capaz de licitar un nuevo contrato a tiempo.
