El Ayuntamiento de A Coruña ha dado traslado a la Policía Local de una nueva orden de cierre para La Intrusa, el local de la calle Torreiro que reabrió sus puertas el pasado sábado después de un cierre de tres meses por superar el volumen permitido y alterar el equipo de medición. Según fuentes municipales, lo que ha llevado a la actuación de Urbanismo es la denuncia de dos vecinos y  el hecho de que la propiedad no había tramitado una licencia. “Abrió por su cuenta, sin presentar una solicitud”, indican. “Se dará traslado a la Policía Local para que reitere la orden de cierre mientras no regulariza su situación, exponiéndose también a nuevas sanciones por incumplir sus obligaciones legales”, añaden. 

La Intrusa había anunciado en este diario, y posteriormente a través de varias comunicaciones públicas, la organización de una gran fiesta de retorno para el día 10, cuando se cumplían tres meses de la sanción. El pasado sábado funcionó a pleno rendimiento entre las 13.00 y las 03.00 horas y la Policía Local pasó varias veces en patrullas rutinarias sin que mediase advertencia o denuncia alguna.

Denuncias 

Este diario ha tenido acceso a una de las dos solicitudes de cierre presentadas por residentes en el entorno. Uno de ellas apunta a que existía “una gran aglomeración de gente invadiendo los soportales, bebiendo en la vía pública” y que eso impedía “el paso de los viandantes y entrar y salir con normalidad del portal”. Además, dice que el ruido de la música se oía desde el séptimo piso de ese mismo edificio. 

Durante los diferentes tramos del día en los que este diario cubrió la fiesta de reapertura no existió en ningún momento reproducción musical. Es más, ni siquiera se habían instalado equipos destinados a tal función.  Tal y como relató El Ideal Gallego en su cobertura del evento, incluso los clientes fueron los que se dedicaron a sancionar cualquier tipo de comportamiento incívico. “Urbanismo no revisa los anuncios en prensa, revisa expedientes”, precisan desde el Ayuntamiento.

En el escrito en cuestión, remitido a Urbanismo a primerísima hora de la mañana, se pedía “una inspección para comprobar el cumplimiento del horario de cierre, nivel de música, aforo permitido, invasión de los clientes del soportal, medidas de seguridad y ocupación de la terraza y que, en caso de observar alguna irregularidad, se proceda al cierre del bar”. Por otra parte, también solicitaba una medición de ruidos en toda regla que permitiera despejar cualquier duda al respecto.

El cierre de La Intrusa en el mes de febrero provocó toda una revolución en el sector, que lo consideraba injusto, y activó el proceso que dio lugar a la mesa de negociación entre hosteleros, vecinos y Ayuntamiento. “Esto no exime del cumplimiento de las normas vigentes, máxime cuando median denuncias vecinales por las molestias causadas”, apuntan desde María Pita sobre este particular.