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miércoles | 23 julio | 2025
“En redacción”. Estas son las dos palabras que utiliza el Gobierno central para describir la situación en la que se encuentran dos proyectos clave para la comarca de A Coruña, la Cuarta Ronda y la conexión entre la Autopista del Atlántico, la AP-9, y la Tercera Ronda (Vial 18).
En una respuesta a los senadores del PP José Manuel Baltar, Francisco José Fernández, María del Carmen Leyte y Rosa Sánchez, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez realiza un repaso sobre los proyectos viarios que todavía están sin construir en Galicia. Entre ellos se incluyen estas dos obras del área coruñesa, que siguen sin registrar avances significativos en su tramitación. En el listado, no hay mención a la ampliación del puente de A Pasaxe.
La Cuarta Ronda es un proyecto que empezó a gestarse hace ya más de 15 años y que acumula un importante retraso. Tampoco se prevé que se ponga en marcha a corto plazo. El objetivo de esta actuación es conectar el acceso al Puerto Exterior de Langosteira con la Tercera Ronda.
El Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) aprobado de forma inicial en 2009 ya incluía este vial. El Gobierno local del PP, presidido por Carlos Negreira, se manifestó a favor de su construcción en 2012. Dos años después, en 2014, el Ayuntamiento aprobó un plan especial de infraestructuras que incluía esta carretera. En aquel momento se justificó la obra porque serviría para mejorar las comunicaciones viarias de los polígonos de Vío, Pocomaco, A Grela y Sabón.
Poco después, a finales de 2014, el Ministerio de Fomento anunció que construiría este vial, con un carril por sentido y velocidad limitada a 100 kilómetros por hora. El coste estimado para
esta obra rondaba los 30 millones de euros.
El problema surgió en enero de 2015, cuando el Ayuntamiento de Arteixo propuso la eliminación del peaje de la AG-55 como alternativa a la Cuarta Ronda. Tras años de protestas, en 2020 la Audiencia Nacional emitió un fallo en el que rechazó la pretensión de anular la iniciativa de la Cuarta Ronda. Los jueces concluyeron que “no existe obligación alguna de ajustar la actuación administrativa a los criterios expuestos por los interesados en sus escritos de alegaciones” y razonaron que “a la Administración compete examinar y valorar las diversas” reclamaciones y dar “una respuesta coherente y razonada y explicar el porqué de su decisión”, lo cual consideró hecho.
Una vez despejado el camino, el Ministerio de Transportes retomó esta actuación y en 2024 adjudicó la redacción de la documentación técnica a las empresas Antea Iberolatam y Proyfe.
La tramitación del Vial 18, la carretera que conectará la AP-9 y la Tercera Ronda, también acumula otro importante retraso. El Ministerio de Fomento encargó en 2012 el primer estudio sobre esta carretera. Entonces se estimaba que su coste sería de 7,7 millones y que estaría terminado en 2015.
Esta infraestructura debía ser financiada por la concesionaria de la autopista, Audasa, pero un posterior desacuerdo con el Gobierno central sobre el convenio que habían firmado ambas partes llevó a Fomento a garantizar que la costearía con sus recursos.
La opción para esta alternativa, seleccionada tras el proceso de información pública y evaluación ambiental, mide 2,1 kilómetros y cuenta con un presupuesto de licitación de 25,3 millones de euros. El trazado fue aprobado en 2024. Esta obra permitirá descongestionar la avenida de Alfonso Molina.
