La subdelegada del Gobierno, María Rivas, parecía afectada al descubrir la brutalidad de cómo fue asesinada Maritza, la mujer de 49 años que murió en la calle San Isidoro, en la Sagrada Familia, a manos de su marido, de 61 años. “Me han transmitido datos de la autopsia y el resultado es un apuñalamiento  con bastante ensañamiento. Decenas de puñaladas. Hasta cuesta verbalizarlo”, explicó Rivas. En total, fueron cerca de 70, lo que convirtió el salón del pequeño piso en una escena dantesca.

Todavía no se ha declarado oficialmente el caso como de violencia de género, pero caben pocas dudas, por eso Rivas expresó su “más enérgica repulsa” y lo consideró una “muestra de la violencia estructural que soportan las mujeres”. La subdelegada confirmó la mayor parte de los hechos que ya ha dado a conocer este periódico: que en torno a las siete de la mañana se recibió una llamada que alertaba de que una mujer había sido asesinada en el número tres de San Isidoro.

Sin embargo, Rivas especificó que esta llamada la había hecho la expareja del sospechoso.  Esta habría llamado a su vez al 112 y este, a la Policía Nacional. Alrededor de las siete de la madrugada, una patrulla se personó en el lugar de los hechos y el propio sospechoso les abrió la puerta del domicilio. “Se recibe un aviso en el 091 del 112 por una llamada que había recibido de un familiar”, describió Rivas. Se procedió a la detención del hombre y a la localización del arma homicida, un cuchillo.

Protocolo cero

Rivas también confirmó que la víctima figuraba en el sistema VioGén por una agresión física en septiembre el año pasado. Ella no quiso denunciarle, pero las autoridades decidieron aplicar el llamado ‘protocolo cero’, que se activa para actuar de oficio cuando las víctimas no desean denunciar. Rivas recordó que, en estos contextos, a veces es complicado que la víctima se anime a denunciar.  

Debido a este protocolo, la agresión derivó en un procedimiento judicial. El pasado 27 de mayo, se dictó una sentencia condenatoria que incluía una orden de alejamiento, que nunca llegó a ejecutarse. “Esa orden se dictó, pero tal y como nos trasladan, estaba en fase de comunicación”, explicó Rivas. Es decir, que el sospechoso no habría cometido ningún quebrantamiento de condena, porque no había sido apercibido.

De hecho, ellos convivían como pareja e incluso se habían casado en el mes de mayo. El hecho que desde septiembre estuviera en contacto diario con ella durante todo este tiempo, a pesar de que figuraba en el sistema VioGén, se explica por que los expertos habían dictaminado que no existía peligro. “Riesgo no apreciado”, es el término que empleó la subdelegada en su intervención.

Esta se apresuró a añadir que “cuando se activó en septiembre de 2024 el protocolo cero, por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad se realizó una valoración en función de lo sucedido, una valoración policial en función del riesgo”. Actualmente, en el sistema hay cinco niveles de riesgo, y en ese momento, el d e esta víctima era  de “riesgo no apreciado”: el nivel más bajo.

Eso significa que no tenía ninguna protección. Solo se realizaban  contactos rutinarios por parte de la Policía Nacional para saber cómo se encontraba y para informarle de todos los recursos a su disposición si en algún momento ella sentía la necesidad de recurrir a ellos. “Quienes trabajamos en el ámbito de violencia de género nos dicen que las mujeres tienen habitualmente una situación de dependencia emocional, psicológica y económica”, comentó la subdelegada.

A disposición judicial

La pareja no tenía hijos en común, pero sí de relaciones anteriores. Ella, de hecho, tenía cinco hijos en Perú (de donde ella es natural) y él, otros dos. También él era de origen peruano, aunque nacionalizado español. A lo largo del día de hoy se espera que pase a disposición judicial, donde prestará declaración, después de haber pasado estos días en los calabozos de comisaría

Hay que tener en cuenta que se trata del primer caso de muerte por violencia de género desde septiembre de 2021, cuando una panadera de O Birloque fue asesinada, también a puñaladas, por su novio, con el que acababa de romper. El ataque también tuvo lugar en el domicilio de ella, donde estaban solos, por lo que le dio tiempo a huir y viajar hasta Madrid, donde fue detenido al poco. El sujeto, natural de A Coruña, fue condenado a 23 años, aunque ha apelado la sentencia.