ERC ha asumido al fin que no es legalmente posible que España obligue a las plataformas extranjeras de contenido audiovisual, como Netflix o HBO, a ofrecer un 6% de sus contenidos en catalán, euskera o gallego, pero ha estado rápido en la maniobra y ha conseguido un pacto con el Gobierno para que potencie las subvenciones, los incentivos fiscales y las compensaciones a estas empresas para financiar producciones y doblajes en las lenguas cooficiales. O sea, que el Estado cree un fondo con dinero público para que podamos ver series de coreanos con acento del Ampurdán. Aunque si de paso sirve para que estas plataformas produzcan contenidos en gallego, bienvenido sea el empecinamiento de Rufián.