El Instituto Volcanológico de Canarias estima entre 24 y 84 días la duración de la erupción

El Instituto Volcanológico de Canarias ha estimado en entre 24 y 84 días la duración que puede tener la actual erupción volcánica en la isla de La Palma.

Se trata de un cálculo realizado según los datos conocidos sobre la duración de las erupciones históricas ocurridas en la isla, aunque reconocen que se trata de una "pregunta nada fácil de responder".

"Por lo tanto, sería aceptable transmitir que nos movemos en el rango de una duración entre los 24 y 84 días, con una media geométrica del orden de los 55 días de duración", han indicado este miércoles.

Además, han detallado que, según los últimos datos de CopernicusEMS, la superficie afectada por las coladas de lava de la actual erupción de Cumbre Vieja alcanza ya las 154,37 hectáreas.

También apunta el instituto que la Red Sísmica Canaria está registrando durante la tarde noche del martes un "fuerte incremento en la amplitud del tremor volcánico" en Cumbre Vieja, que es una indicador de la "intensidad de la actividad explosiva estromboliana en las bocas activas en este momento".

Certificados de propiedad gratuitos

El Colegio de Registradores ha anunciado su colaboración con las autoridades y los damnificados que han perdido sus viviendas.

La actividad volcánica en la isla ha destruido al menos 183 viviendas, 200 infraestructuras y amenaza a medio millar de casas, aunque los expertos aún desconocen cual será la evolución en los próximos días.

Los registradores ofrecerán a todos aquellos titulares de fincas en la zona afectada, una vez que esta esté determinada, una certificación de la finca que será dispensada de forma gratuita, lo que permitirá acreditar la propiedad y demás derechos preexistentes.

También el Colegio de Registradores informa que se ha puesto a disposición de las autoridades de la isla de La Palma para tratar el desafío jurídico que plantea el nuevo escenario en materia de propiedad y en protección del medio ambiente.

Esta catástrofe va a generar un cambio en la realidad física del territorio, que implicará una transformación en su configuración jurídica.