Una sentencia divisoria

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Las reacciones a la sentencia del Tribunal Constitucional que declara parcialmente ilegal el estado de alarma decretado por el Gobierno en marzo de 2020, incluso la sentencia misma, son una prueba más del surrealismo y la confusión reinantes en la desquiciada política nacional. Empezando por la falta de unanimidad de los once magistrados a la hora de respaldar una decisión del Gobierno orientada a proteger el bien más preciado de sus ciudadanos: la salud pública.

El mensaje de la división interna del alto tribunal es demoledor. Digámoslo corto y por derecho: una decisión que unió a la ciudadanía en su día divide ahora a tan conspicuos magistrados.

Surrealista y confuso es, además, que en un asunto en teoría tan grave (el presunto atropello de derechos fundamentales) sepamos del pecado cometido con más de un año de retraso. O sea, que la sociedad ha vivido en pecado de lesa legalidad durante un año y cuatro meses. ¿Y sólo Vox se dio cuenta, puesto que fue el único que presentó recurso ante el TC? A ver si va a resultar ahora que el partido aires autoritarios, la xenofobia, el antieuropeísmo, la intolerancia, la aversión al diferente, es el guardián de las esencias democráticas al que tenemos que estar agradecidos después de la discutida sentencia.

Básicamente, que el decreto contenía una suspensión de derechos fundamentales, no una limitación, que debió regularse a la luz de la legislación extraordinaria sobre los estados de excepción que, a diferencia del estado de alarma (convalidación a posteriori), requiere la autorización previa del Congreso de Diputados.

Vale. Ya lo saben los partidos, ya lo sabe la sociedad y, sobre todo, ya lo sabe el Gobierno de cara al futuro: el estado de alarma no sirve para suspender el ejercicio de derechos fundamentales. Esa es la lectura positiva de la sentencia a efectos prácticos: la del precedente que acaba de crear. Es decir, que ya disponemos de una jurisprudencia a la que atenerse en lo sucesivo en situaciones de pandemia. Lo demás es un laberinto de “elucubraciones doctrinales” (Margarita Robles dixit) que de ninguna manera desmienten las que, a mi juicio, son dos grandes verdades del culebrón. Una, que el Tribunal Constitucional, partido en dos mitades, no nos hace más libres. Y otra, que el Gobierno no es un peligroso depredador de derechos fundamentales, por mucho que los partidos de la oposición celebren lo que se ha interpretado de forma temeraria como un varapalo a Pedro Sánchez.

No podemos olvidar, primero, que la voluntad popular inspira la Constitución, y segundo, que el pueblo soberano aceptó, asumió, cumplió y dio por buenas las medidas contempladas en el estado de alarma decretado por el Gobierno en marzo de 2020.

Una sentencia divisoria