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miércoles | 24 abril | 2024
Las pymes, autónomos y empresas que pidieron financiación con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para capear la pandemia podrán alargar hasta 10 años la devolución de estos créditos, así como disfrutar de un periodo de carencia superior a dos años en el pago del principal.
Según explicó la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, las medidas de reestructuración se aprobaron en el real decreto de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, un paquete dotado con 11.000 millones de euros.
La principal condición es que la facturación cayese un 30%, explica el Ministerio de Economía.
Además, se mantendrá el aval público en los préstamos que, por acuerdo voluntario entre la entidad financiera y la empresa, se conviertan en préstamos participativos, lo que permitirá mejorar la solvencia y calidad crediticia de las empresas afectadas.
Y en último lugar, se destinan 3.000 millones para que el ICO, principalmente, acompañe los procesos de reestructuración de préstamos que cuenten con aval del Estado, y los bancos apliquen quitas, reduciendo el importe nominal de la deuda y contribuyendo a la solvencia de empresas viables con problemas financieros.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo las líneas de actuación que deberá seguir la banca si quiere refinanciar o reestructurar los préstamos concedidos con aval del Estado y dio luz verde a un código de buenas prácticas con los pasos para que actúen de forma coordinada.
Las entidades financieras podrán adherirse de forma voluntaria a este código aunque, con la idea de incentivar la participación de todas las entidades, el Gobierno publicará la lista de las que se apunten y de las que no.
El ejecutivo quiere recuperar la prestación por hijo a cargo en el IMV
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quiere recuperar la prestación por hijo a cargo dentro del Ingreso Mínimo Vital (IMV), teniendo en cuenta la renta y el patrimonio. “Está entre las prestaciones que vamos a analizar cómo integrarlas en la filosofía del IMV, pero vamos a hacerlo reforzando su capacidad redistributiva, trabajando mucho sobre la tipología de familias y teniendo en cuenta los ingresos de renta y patrimonio dentro del marco del IMV”, explicó Escrivá ayer en rueda de prensa para explicar las políticas del Ministerio en el marco del Plan de Recuperación. El ministro también precisó que recibieron 1,4 millones de solicitudes y ya resolvieron más de un millón ellas. Por otro lado, Escrivá anunció que entre 2022 y 2023 se firmarán un total de 18 convenios de colaboración para desarrollar los itinerarios de inclusión con los que quieren que los beneficiarios del IMV también se integren laboral y socialmente.
Los bancos tendrán un mes para informar si se suman, lo que las obligará a estudiar la situación financiera de los clientes a los que concedieron financiación con aval público y pidan ayuda, además de que deberán coordinarse con otras entidades con las que el cliente tenga deudas. Asimismo, las entidades deberán mantener abiertas las líneas de circulante del beneficiario hasta el 31 de diciembre de 2022.
Con el fin de reforzar la solvencia de las empresas, se establecieron las tres medidas ya citadas: una ampliación hasta 10 años del vencimiento de los préstamos, el mantenimiento del aval si se convierten en préstamos participativos y la reestructuración aplicando quitas de la deuda.
Para la concesión de estas ayudas, será necesario que antes del 1 de diciembre de 2022 la entidad financiera y el cliente alcancen un acuerdo de renegociación de toda la deuda, avalada y no avalada, que mantiene la empresa con el banco y que se haya generado tras el estallido de la pandemia.
La reducción podrá ser del 50% del principal avalado pendiente de cada operación, si la caída de la facturación de la empresa o autónomo en 2020 fue inferior al 70% y de hasta 75% del importe avalado si la caída de facturación en 2020 fue superior al 70%.
Para optar a estas transferencias, se deberá haber registrado una caída de la facturación en 2020 del 30% y la cuenta de pérdidas y ganancias tendrá que haber presentado un resultado negativo después de impuestos en 2020.
