La reprimenda de Europa

¿Se imaginan a la mitad de los jueces de Alemania, Francia o Italia, países de acreditada solvencia democrática, denunciando que sus gobiernos ponen en peligro el Estado de Derecho? Pues eso pasó en España hace pocos días cuando tres de las cuatro asociaciones de jueces denunciaron ante la Unión Europea el riesgo que representaban para el Estado de Derecho las reformas del Consejo General del Poder Judicial impulsadas por el Gobierno.

La respuesta de Europa llegó a través de la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová, y del Comisario de Justicia. “Retirar la reforma del Poder Judicial que pretendía el Gobierno es una buena noticia, dice Didier Reynders, pero no suficiente. Es importante que los ciudadanos sepan que hay independencia judicial, sin influencias políticas. Al menos el 50 por cien de los miembros deben ser escogidos por sus pares”. Es la voz de Europa.

Tras esta reprimenda, el Gobierno retiró la ley que rebajaba la mayoría de tres quintos para renovar el Poder Judicial. Lo anunció del ministro de Justicia que en su parrafada explicativa casi culpó a los portavoces de su propio partido y de su socio de gobierno, que son unos mandados.

En España el afán de someter el Poder Judicial es recurrente. Los políticos siempre quieren mangonear el órgano de gobierno de los jueces en un reparto burdo del control de la justicia, una deriva de todos los Gobiernos, de este y los anteriores, por controlarlo todo, atentando incluso contra la separación de poderes que es un principio sagrado de la democracia.

“Cuando el poder judicial no está separado del legislativo y ejecutivo, entonces no hay libertad. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario por ser uno mismo el juez y el legislador y estando unido al segundo, sería tiránico por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor”, dice Montesquieu en El espíritu de las leyes.

Si el presidente del Gobierno y el líder de la oposición creen en la democracia, como dicen, ¿por qué no alcanzan un pacto exprés con “nombres que no molesten” a uno y otro y acaban con esa prolongada anormalidad en el Poder Judicial?. Cerrado ese capítulo, ¿por qué no acuerdan modificar la legislación para que los jueces nombren a los jueces y evitar con ello la contaminación política?

Dice Pierre Rosanvallon, profesor del Collège de France y referente intelectual en el país vecino, que la tentación de convertirse en democraturas, que él describe como “regímenes autoritarios validados por el sufragio universal”, es común a todos los populismos. Pues para no sucumbir a esa tentación, saquen de una vez las sucias manos políticas de la justicia.