BARRA LIBRE PARA LOS PIRATAS DEL MAR

No es fácil determinar qué es lo que causa más sorpresa, si el hecho de que provocar la mayor catástrofe medioambiental de la historia de España se salde sin ninguna pena y, además, gratis o que todavía hubiera alguien que esperara una sentencia ejemplar en el caso del “Prestige”.
Aguardar once años para semejante decisión judicial es, cuando menos, frustrante y lo es más si se tiene en cuenta que, para sus señorías, lo único cierto es que el barco se partió y su contenido se esparció por toda la costa norte española y parte de la francesa sin que se pueda achacar esa situación a nada ni nadie en concreto.
Es decir, se han necesitado más de cuatro mil días y unos cuantos millones de folios para que nuestro país se haya convertido en un paraíso para los transportes pirata, que, de ahora en adelante, podrán usar nuestras costas para lo que consideren menester, ya que siempre cabrá echar la culpa de sus desmanes a la casualidad, el tiempo, el agotamiento de los materiales o una superola malvada y traicionera.
Hay quien puede mostrar cierto hálito de esperanza basándose en que la sentencia es recurrible ante el Supremo, pero un somero repaso por la jurisprudencia es suficiente como para que se desvanezcan todas las ilusiones. A tenor del fallo, cuesta comprender cómo es posible que el fiscal reclamara a la aseguradora del buque más de cuatro mil millones de euros por los daños causados por el vertido. Es increíble que un letrado viera esa cantidad como razonable y otro, en la sentencia, limite la responsabilidad a los veintidós millones que ya habían sido depositados en el juzgado como fianza.
Al final, lo único que queda claro es que el rumbo errante del buque, las miles de toneladas de fuel vertidas, el coste de su limpieza o el daño medioambiental y económico provocado a Galicia, según sus señorías, no es achacable a nadie.
Ni al responsable del barco, ni a su dueño, ni a la aseguradora, ni a los responsables de la decisión de alejarlo de la costa y, por supuesto, faltaría más, a ninguno de los políticos que, mientras la costa se teñía de luto, participaban en una cacería en un coto privado y selecto.
Hoy resulta más difícil que nunca pedirle a un gallego o a cualquier ciudadano bien pensante que siga creyendo que la Justicia es justa y que quien comete una tropelía termina por pagarla. Lejos de ello, la decisión judicial ha establecido una especie de barra libre para esos piratas del mar a los que, desde ayer, les queda al menos un lugar en el que seguir haciendo lo que les dé la gana con total impunidad y amparados por la ley.
Tal vez, alguno de esos políticos señalados por todos, aunque sea solo por vergüenza torera, haya comenzado a barruntar la posibilidad de cambiar una legislación que, por lo visto, es totalmente inútil.