Desprotección social

Conmemoramos el 38 aniversario de la Constitución y siguen sin cumplirse los derechos fundamentales. ¿Qué pasa con el desarrollo y el cumplimiento de los principios rectores de la política social y económica, como la protección social de las familias; promover el progreso social y una distribución de la renta de manera equitativa; la protección a la salud; el acceso a la cultura; el disfrutar de una vivienda digna; el garantizar las pensiones adecuadas, etc.?
La realidad es estremecedora al conocer que las rentas se reparten cada vez con más desigualdad. La EPA recoge un incremento paulatino y continuado del número de hogares en los que ninguno de sus miembros percibe rentas, mientras que la tasa de desempleo se mantiene en el entorno del 21%. La desprotección social cada vez es mayor. Según la EPA, más de 728.000 hogares carecen de rentas salariales y 3,2 millones de personas se encuentran en una situación de carencia material severa. Hubo unos 2,3 millones de empleos destruidos entre 2008 y 2016. Hay 3,7 millones de contratos eventuales y 2,2 millones de trabajadores en situación de “pobreza laboral” debido a sus bajísimos salarios. También unas 447.000 familias han sido desalojadas por la fuerza de su vivienda entre 2008 y 2015 y la sangría continúa, ya que el 10% de los hogares tienen retrasos en el pago de sus hipotecas o alquileres.
Lo peor es que el riesgo de pobreza sigue creciendo, reduciéndose casi a la mitad en los mayores de 65 años, pero aumentando en la población en edad de trabajar, que vive situaciones graves de emergencia social, con problemas de desahucio, subalimentación, cortes por impagos de suministros básicos de agua, luz y gas.