Sentencia Rato / Bankia

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el caso de la salida a Bolsa de Bankia terminará posiblemente en la sala de lo penal del Supremo. Son muchos, sin embargo, quienes auguran que a la vista de los contundentes términos en que están enunciadas por la Audiencia Nacional las razones de la absolución de 31 personas físicas y tres jurídicas, Rodrigo Rato al frente, hace difícil creer que el eventual recurso prospere y tenga, como se dice, algún recorrido.
La verdad es que ha sido espectacular el repaso dado por la presidente del tribunal  y redactora de la sentencia, Ángela Murillo, a la fiscal Carmen Launa, que cogió el procedimiento en la fase del juicio oral en sustitución de Alejandro Luzón, nombrado fiscal jefe de Anticorrupción. A propios y extraños ha sorprendido, en efecto, la dureza y firmeza del veredicto.
Y es que rara vez se ha visto un vapuleo semejante por parte de un juez a un fiscal como el de esta sentencia de 442 páginas y casi un año de trabajo de redacción. Carencia “clamorosa” de pruebas, dice; falta de  atribución de hechos concretos a cada acusado; no se detalla un solo dato  que fundamente la acusación, y en algún caso como en el de Ángel Acebes, de forma “ostensible y grosera” se ha vulnerado el principio de igualdad. Tampoco salen nada bien parados los inspectores del Banco de España y el juez instructor Fernando Andreu. 
Ya durante la vista oral la magistrada Murillo y la fiscal Launa se la tuvieron muy tiesas. En algún momento, la presidente llegó a recomendar a la representante del ministerio público tomar un lexatín ansiolítico. La tirantez venía de atrás: de cuando ésta se incorporó a la causa, endureció las tesis de su antecesor y pidió condenas para más acusados, pese a no haber nuevas  pruebas. 
El caso es que, en definitiva, la salida a Bolsa de Bankia se hizo con todas las aprobaciones de las autoridades bancarias y bursátiles. Fue una operación  que contó con las bendiciones políticas y la implicación personal de Rodríguez Zapatero (segundo mandato).  Y la información que se suministró fue más que suficiente y certera para que los inversores interesados tuvieran elementos de juicio para decidir si compraban acciones o no.
Sometidos a un fusilamiento político y mediático con escasos precedentes en intensidad, en estos años de larga instrucción y enjuiciamiento muchos de quienes se han sentado en el banquillo han visto truncadas sus carreras profesionales, su honor y su imagen pública. Y ahora que, finalmente, han sido declarados inocentes no lograrán recuperarlo. Ni incluso cuando el Supremo, si es que allí llega,  confirmara la sentencia absolutoria.  
Desgraciadamente, al margen no debería quedar la eterna y olvidada reflexión por parte de políticos y medios sobre la presunción de inocencia, los juicios paralelos y las condenas preventivas. La pena de telediario sigue siendo hoy la más temible para los que resultan no ser culpables.

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