Último intento con el IBI

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Por no intentarlo no va a ser. Es probable que la extraña aleación de plata y bronce vuelva a hacer inútil nuestro esfuerzo. Pero dormiremos con la conciencia tranquila. Hemos presentado alegaciones a la Ordenanza Fiscal número 51. Exigimos, con toda la fuerza de saber que lo hacemos en nombre de una abrumadora mayoría de coruñeses, una bajada del 10% en el Impuesto de Bienes Inmuebles y la reposición para las empresas del Puerto del tipo impositivo del 0,6 en lugar del abusivo 1,3 actual.
Xulio Ferreiro castiga a los coruñeses. Desconocemos la razón, pero los números cantan. En 2015 finalizó el periodo transitorio de subida del IBI. Desde entonces hemos venido reclamando un retorno al tipo vigente de entonces, el 0,541, que supondría un ahorro del 10% para cada contribuyente. Es un impuesto que afecta a todos los pisos de todos los barrios. A todos los coruñeses. Una firma del alcalde devolvería a cada vecino una media de 36 euros por recibo. Seis millones de euros. Un buen pellizco.
No es mucho pedir. Es, sencillamente, defender que los coruñeses dejemos de ser –al menos en este aspecto- ciudadanos de segunda y amenazados por el descenso. Ferrol y Santiago aprobaron a finales del 2015 esta bajada. A Coruña es la única ciudad de la provincia que somete a sus vecinos a tal condena. Es justo y es necesario. La situación económica lo permite. 
Es, además, razonable. La sangría de impuestos no tiene su reflejo en mejores servicios. No hay gestión ni se le espera. En los dos últimos años la Marea ha recortado 88 millones en inversiones. Y no se sabe muy bien por qué. A 20 días de que acabe el año el Gobierno local tiene todavía 43 millones en el limbo. Son cifras que indignan, sobre todo si aplicamos los cálculos de los expertos. Tomen nota: cada millón de euros de inversión genera 63 puestos de trabajo. Con 88 millones sin invertir, Xulio Ferreiro le está quitando el pan de la boca a más de 5.500 coruñeses. Inaceptable coqueteo con el pesado lastre del paro.
Ni hace ni deja hacer. Bloquea actuaciones de otras administraciones. Llegaremos de últimos a la Intermodal; la Consellería de Sanidade está a un paso de desistir del centro de salud de Santa Lucía; Alfonso Molina duerme en los cajones, y las empresas del Puerto, el motor de la ciudad, siguen asfixiadas por los impuestos.  
Aún no ha estrenado en el actual mandato –ágil en la protesta, torpe en la gestión– y ya está en campaña para el siguiente. Ni siquiera tiene el detalle de acompañarse de alguna esperanza para la ciudad. Hace treinta meses prometía lo que sabía que no podía cumplir. Ahora ni eso. 
Vamos a intentarlo una vez más, pero mucho nos tememos que 2018 tampoco va a ser un buen año para los coruñeses. Feliz 2019.

Último intento con el IBI