¡VAYA CHORRADA!

Átense ustedes los machos que vienen curvas: La Ley de Seguridad Privada, ya aprobada en el Congreso, deja en manos del Gobierno la potestad de obligar a quienes organicen un “evento” a contratar para el mismo seguridad privada. Eso y no otra cosa da a entender el artículo 51 de la norma que –aún sin desarrollo reglamentario ni concretas definiciones–, deja muy en el aire la consideración de la palabra “evento”, que podría ser una manifestación, una concentración, un acto deportivo, un acto lúdico o un acto popular. Vamos, que la confusión está servida.
Dicho de otra forma: La Ley de Seguridad Privada introduce una polémica novedad. Exigir la contratación de vigilantes viene a significar una cortapisa al ejercicio de un derecho fundamental. El Gobierno es un cuco: Tener que costear la seguridad hará que muchos desistan de salir a la calle a protestar. Para más inri, esos vigilantes podrán ejercer tareas idénticas a las de los agentes de la autoridad. Vaya paradoja y, claro está, el Gobierno a ahorrarse una pasta gansa. Hasta el más lerdo sabe que el control de una manifestación en la vía pública ha de ser siempre un trabajo exclusivo de las fuerzas del orden, dadas las consecuencias que del mismo pueden derivarse y, de hecho, muchas veces se derivan. Dice el Gobierno que los vigilantes de marras sólo van a hacer funciones complementarias a las de la Policía, pero quién nos garantiza que no las suplantan y entonces surge el pifostio y se arma la de Dios es Cristo.
Y es que hay más: sepan nuestro “cerebritos” gobernantes que dejar una tarea de tal fuste en manos de empresas privadas, sin exigir antes una formación a sus empleados, es correr un peligro y claro.
Ya en su día los peperos pusieron freno y marcha atrás a la hora de dar atribuciones a los vigilantes en la calle, pues que regulan mejor el caso en el aire de las manifestaciones. Rectificar es de sabios y, en todo caso, no se trata de ofrecer un negocio goloso a las empresas privadas, que de esta forma se adentrarían en un territorio que debería estar reservado a las Fuerzas de Seguridad del Estado y, por otra parte: ¿Se han preguntado nuestros cerebros grises del Gobierno cómo reaccionarán dichas Fuerzas de Seguridad? Nuevo follón a la vista.