FRONTERAS CAPRICHOSAS

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No sé por qué extraño mecanismo mental el Partido Socialista se niega a aplicar a las cuentas públicas de la nación el criterio que va a poner en práctica de puertas para adentro en la propia organización. Dice la estadista señora Valenciano que, como consecuencia de las menores subvenciones derivadas de los resultados electorales y de la rebaja de un 20 por ciento en la subvención a las formaciones políticas decretada por el Gobierno, no habrá más remedio que recortar a la mitad todos los gastos del partido y tener la plantilla “que se pueda pagar”.

Elemental. Lo paradójico, sin embargo, es que no aplique, como digo, esa misma y obvia pauta a la política presupuestaria nacional. Aquí, en este ámbito, el Partido Socialista traza un día y otro una serie de líneas rojas particulares de -no se sabe por qué- obligado y general cumplimiento. Al tiempo, considera tabú –no se sabe tampoco por qué– cualquier intervención en educación y sanidad, y traduce de inmediato como recorte inasumible todo lo que suene a reforma, reconsideración o revisión.

Que el Estado tendrá, cuando menos, que ajustar su estructura a lo que pueda pagar es evidente. Por muy diversas causas ajenas a su espíritu inicial, el modelo territorial en que ha devenido el desarrollo del Título VIII de la Constitución es antifuncional y económicamente insostenible. Que necesita una reforma en profundidad no admite duda, y no sólo para limar duplicidades y solapamientos, que también, sino sobre todo para hacerlo de verdad más uniforme, más eficiente y menos gravoso.

No sé hasta qué nivel de profundidad, pero el presidente Rajoy está en ello. Lo dijo ya en el debate de investidura y lo volvió a repetir hace unos días con motivo de la presentación de la agenda para el segundo trimestre del año. El problema, sin embargo, no es tanto “el qué” como “el cómo”. El problema es que, en virtud del reparto competencial existente, de no mediar una reforma constitucional previa, buena parte de las reformas en este ámbito habrá de materializarse a través de consensos y acuerdos con las comunidades autónomas.

Aquí es donde las cosas no están nada claras. Muchos se preguntan, en efecto, si aun disponiendo el PP de cómodas mayorías en no pocas Administraciones territoriales y por mucho que apriete el Gobierno con la estabilidad presupuestaria (de donde ya se han escapado, por cierto, vascos y navarros), la vía de los eventuales pactos será suficiente para alcanzar los objetivos deseados. Y es que no resulta descabellado pensar que se descolgarán de los mismos todo lo que puedan el reducto andaluz y las comunidades donde gobiernan los partidos nacionalistas. En realidad, ya lo están haciendo. Y esto –creo yo– es lo que pone de los nervios a los mercados.

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