10º-17º
jueves | 18 abril | 2024
A los informes favorables de los servicios jurídicos y los técnicos se remitió ayer el alcalde de Culleredo, Julio Sacristán, para respaldar la legalidad de las licencias por las que, en 1995 y 2000, el Ayuntamiento permitió a una empresa la acumulación de residuos inertes en una parcela del monte Costa, espacio que había sido cedido por la Diputación para usos culturales, educativos y deportivos.
Para el alcalde
de Culleredo, la
parcela “evitó” los vertederos ilegales
“Las autorizaciones se dieron porque ni los servicios técnicos ni jurídicos hicieron informes en negativo”, señaló ayer a la salida del juzgado de instrucción 6, que investiga una denuncia presentada por el PP cullerdense tras solicitar, en el pleno del pasado mes de abril, la nulidad de aquellas licencias, hoy revocadas.
Por ellas se permitía a Excavaciones J. Fernández utilizar la parcela como depósito de material a cambio de la limpieza de los vertederos que proliferaban en todo el monte. “Las licencias cumplieron los fines que perseguían: que no hubiera vertidos incontrolados, eso se evitó”, recalcó el alcalde, que defiende que el uso que se dio a la finca “no estropeó el medio ambiente”, al tratarse de “materiales inertes” –piedra y zahorra–, algo que se constató, dijo, mediante un estudio realizado hace pocos meses por una empresa externa por medio de 34 calicatas.
Sacristán prestó ayer declaración ante el juez instructor en calidad de imputado, tras una denuncia del PP por un posible delito de prevaricación ambiental, al considerar la oposición que el regidor retrasó la nulidad de la licencia después de que los servicios jurídicos así lo aconsejasen. Existe, asímismo, otra denuncia, esta de APdC, por supuestas irregularidades en las mismas autorizaciones, si bien esta se encuentra en manos de otro juzgado, el de instrucción 8, y pendiente de que se efectúen diligencias.
En cualquier caso, el mandatario cullerdense sostiene que ninguna de las dos resoluciones en las que se autorizó a la empresa –también imputada– el uso del terreno pasó por sus manos. La primera, en 1995, se otorgó en una comisión de gobierno, “en la que yo no estaba”, recalcó; la segunda, cinco años después, partió de la Concejalía de Medio Ambiente, que tiene las competencias delegadas, tras un informe técnico que la avalaba.
prevaricación
La denuncia que el PP trasladó a la Fiscalía y esta, a su vez, al juzgado instructor habla de un delito del artículo 329 del Código Penal, que sanciona a la autoridad que, a sabiendas de su injusticia, resuelva o vote a favor de la concesión de licencias “manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de industrias o actividades contaminantes”.
Para el abogado que representa al regidor cullerdense, José Luis Gutiérrez Aranguren, ninguno de esos preceptos se cumplen en este caso, pues ni las licencias eran ilegales, ya que se amparaban informes favorables, ni autorizaban actividades contaminantes, con lo que prevé pedir al juzgado el archivo de las actuaciones.
