Sada - Portos insinúa que el anterior gobierno no quiso sacar adelante el Plan Especial

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El Ideal Gallego-2011-06-30-019-dc71265b

daniel romero > sada
  Aseguró que no quería “mirar al pasado”, pero el presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, no dudó en lamentar la actitud del anterior gobierno local liderado por el BNG –que también dirigía el área de Urbanismo– acerca de los encuentros que se habían programado para la elaboración del Plan Especial del Puerto.
“Se celebraron una o dos reuniones y los técnicos de Portos trajeron –a Sada– todo tipo de documentación, pero por la otra parte no hubo ninguna observación constructiva”, indicó Álvarez-Campana, quien aseguró que su visita ayer al Ayuntamiento –se reunió con el alcalde, Ernesto Anido– no se produjo con el anterior regidor porque no le invitaron a que lo hiciera. “No me pidieron que viniera”, afirmó antes de calificar su relación con el ejecutivo local BNG-PSOE como “no cordial”.
Tanto el máximo mandatario del ente público –dependiente de la Consellería do Mar– como el regidor insistieron en la importancia de la cooperación entre ambas administraciones para que el puerto de Sada deje de ser “un campo de batalla” y se convierta en “un referente de generación de riqueza y oportunidades”.
Esa “batalla”, como señaló Álvarez-Campana, no solo la han librado con los concejales del BNG, sino también con los usuarios y empresarios de la dársena deportiva, que en reiteradas ocasiones han pedido la visita del propio presidente de Portos para que les explicase qué estaba pasando con la gestión de las instalaciones y por qué tenían lugar ciertas deficiencias que alteraban el normal funcionamiento de las mismas.
“Hay que solucionar temas importantes”, aseguró el responsable del ente público, quien añadió que otra de las iniciativas será precisamente la de “responder a las demandas de los usuarios” para que el puerto “sea lo que tenga que ser”. No obstante, ayer, Álvarez-Campana solo visitó el despacho de Anido y se emplazó a “otro día” para ir por las instalaciones y hablar con los afectados.
En cuanto a las empresas, el presidente de Portos de Galicia consideró “mucho más seguro para los operadores” que se vayan realizando las regularizaciones de las concesiones por 30 años una a una. De hecho, recordó, algunas de las firmas allí instaladas ya tiene atada este contrato con la administración autonómica.

Gestión del puerto > En lo que se refiere a la gestión de las instalaciones, José Manuel Álvarez-Campana señaló que se trata de una “buena noticia” el hecho de que se haya presentado una oferta para la adjudicación de esa gestión de cara a los próximos 30 años.
El presidente de Portos dijo tener entendido que esta compañía, Puerto Deportivo de Sada SL, pertenece “al conglomerado accionarial” de Comercial Internacional SL, la cual asesora a Portos en la explotación de la dársena sadense desde que en febrero se prescindiera de la hasta entonces adjudicataria, Marina Sada, después de que la justicia le diera a Portos un ultimátum para que se anulara dicha concesión.
Preguntado acerca de la necesidad de tener una concesión “puente” –como él mismo la definió– para seis meses en lugar de aguantar con el contrato temporal que se le hizo a Comercial Internacional antes de que la adjudicación definitiva entrara en vigor, el responsable del ente público se refirió a la “incertidumbre en los plazos” como causa de que se atara con este contrato de seis meses a una empresa antes de conocer si habría una o más compañías aspirantes al contrato de 30 años.
“Todo esto ha sido un proceso de transición, espero que a partir de ahora se pueda dar un servicio de calidad a los usuarios”, manifestó Álvarez-Campana, quien indicó que la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en 2003 y ratificada en 2007 por el Supremo ya se ejecutó al anularse la concesión de Marina Sada.
“La sentencia firme de 2003 lo que hacía era anular la concesión –de Marina Sada– y eso nos retrotraía a la situación de 1997, cuando no existía concesión”, recordó el presidente del ente público, quien reiteró su apuesta por dotar de “seguridad jurídica” al puerto.

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