El caso Imelsa dirige la investigación hacia una presunta financiación irregular del PP valenciano

28/01/2016 Pleno del Ayuntamiento de Valencia . El Ayuntamiento de Valencia ha acordado este jueves por unanimidad crear una comisión de investigación "no permanente" en el consistorio "con el fin de determinar las posibles responsabilidade
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La investigación contra una supuesta trama de corrupción que se está desarrollando en la denominada Operación Taula se extiende a una presunta financiación ilegal del PP valenciano y al blanqueo de capitales.
Los integrantes de esta trama se servían de sus puestos de responsabilidad en las administraciones o en empresas públicas para presuntamente obtener comisiones a cambio de contratos fraudulentos. Entre los detenidos –hay 24– están el expresidente popular de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y la exconcejala en la capital María José Alcón.
Las fuentes consultadas señalaron que hay abiertas varias vías de investigación y que, entre ellas, se estudia la posibilidad de que se hubiera incurrido en financiación ilegal del PP en esta comunidad autonóma y que algunos altos cargos populares conocieran los hechos.

rajoy defiende a barberá
En este sentido, señalan que la investigación podría acabar afectando a la exalcaldesa de Valencia y actual senadora territorial del PP, Rita Barberá, y al exvicepresidente económico y diputado popular Gerardo Camps, aunque de momento se trata únicamente de indicios y sospechas, advierten.
El propio presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se pronunció sobre este supuesto y, preguntado por si tomará medidas contra Barberá o Camps en caso de ser imputados, recalcaba que no han sido llamados a declarar ni detenidos, por lo que están “absolutamente limpios”.
“Mientras no sean llamados a declarar o no se les acuse de nada no puedo decir nada distinto de que estas personas están absolutamente limpias”, proclamó Rajoy, si bien reiteró que cualquier persona acusada será apartada del partido.
La macrooperación desplegada desde el pasado martes por la Guardia Civil en Valencia se dirige contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas valencianas –ayuntamientos, Diputación Provincial de Valencia y Generalitat– que se descubrió a raíz de la denuncia por el llamado caso Imelsa.

libertad
Los últimos detenidos en la Operación Taula que quedaban por declarar ante el juez pasaron ayer a disposición judicial, entre ellos Alfonso Rus. En este último grupo, además, figuraban el exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada, Juan José Medina, y el exalcalde de Genovés y exjefe de gabinete de la Diputación, Emilio Llopis.
A última hora de la tarde, el titular del Juzgado de Instrucción 18 dejó en libertad a cuatro de esos diez detenidos que pasaron a disposición judicial. Les impuso fianza pecuniaria –no carcelaria– como medida cautelar para garantizar el pago de las responsabilidades civiles si son condenados. Entre esos cuatro estaba el ex jefe de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia, Salvador Deusa, y de tres empresarios.

El caso Imelsa dirige la investigación hacia una presunta financiación irregular del PP valenciano