El bombero Roberto Rivas declara por el altercado de la Comandancia

Durante la toma de la Comandancia, se vivieron momentos de tensión y cargas policiales | javier alborés
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Continúan las consecuencias de los disturbios que siguieron a la toma de la Comandancia de Obra, el 23 de mayo. Ayer tuvo que acudir a la Comisaría de la Policía Nacional en Lonzas el activista y bombero Roberto Rivas, como sospechoso de un delito de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos, según fuentes cercanas al movimiento okupa. Hay que recalcar que, por el momento, no pesa ninguna acusación sobre él: la Policía Nacional remitirá su atestado a los juzgados, y será entonces cuando se formulen, o no, las imputaciones.
Por otro lado, el delito de atentado contra la autoridad no indica necesariamente una agresión física, sino que puede limitarse a una intimidación. En el informe remitido por la Policía Local figura que Rivas habría advertido a un agente municipal de paisano –al que conocía– de que no intentara mezclarse con los manifestantes que estaban protestando frente a la Comandancia de Obra porque se lo comunicaría a ellos.
Otros participantes en las protestas del 23 de mayo han tenido que responder por idénticos delitos. El último había sido detenido el martes y puesto en libertad ese mismo día sin fianza, pero con la obligación de comparecer ante el juez cada quince días. Más polémica generó el ingreso en prisión de otro de los antisistema, para el que el fiscal había añadido el delito de sedición, y que también fue puesto en libertad este lunes.
Figura icónica
Si Rivas resulta imputado, también es de esperar que se arme un fuerte revuelo, puesto que este bombero municipal es una figura icónica dentro del movimiento antisistema coruñés, después de que se hiciera conocido a nivel nacional al negarse a ayudar al desalojo de Aurelia Rey.
Fue el 18 de febrero de 2013 cuando tuvieron lugar los hechos. Rivas se negó a cortar la cadena que protegía el portal de Rey, en la calle de Padre Feijoo y alzó un cartel de Stop Desahucios, provocando el paroxismo de la multitud. Por ese motivo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro le condenó por “reacciones en el público que alteran o puedan alterar la seguridad ciudadana”, lo que conllevó una multa de 600 euros, de manera que no sería la primera vez que Rivas pasara por los juzgados. Igualmente, participó en la resistencia al desalojo a un vecino de San Vicente de Elviña en noviembre de 2014. l

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