10º-19º
jueves | 18 abril | 2024
Un auxiliar educativo de una residencia de discapacitados psíquicos, acusado de abusar sexualmente de una menor interna en el centro en los veranos de 2016 y 2017, ha negado este miércoles los hechos, por los que la Fiscalía le pide una pena de 20 años de prisión.
En la sección sexta de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado el juicio contra Julio Manuel P. A, en prisión provisional desde verano de 2017, a quien la Fiscalía acusa de dos delitos continuados de abuso sexual a una joven con discapacidad psíquica mientras el procesado realizaba su servicio nocturno como auxiliar técnico educativo de la Fundación Finestrelles de Esplugues de Llobregat (Barcelona).
En su declaración ante el tribunal, el acusado ha defendido "contundentemente" su inocencia y ha asegurado tener "siempre un alto respeto a las autoridades, a los compañeros y aún más a los usuarios del centro".
Su declaración contradice el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, que apunta que Julio Manuel P.A, en más de una ocasión en agosto de 2016 y en julio de 2017, habría aprovechado sus turnos de noche en el centro y la "relación de dependencia" de la víctima respecto a él, al ser el único empleado que velaba en su planta del centro, para acudir a su habituación y abusar sexualmente de ella "en contra de su voluntad".
El procesado, que no ha contestado a las preguntas de la acusación particular, ha explicado que en agosto de 2016 vio a la joven sólo en una ocasión porque él estaba realizando los turnos de noche en una planta distinta a la que se encontraba la víctima, a quien ha definido como "totalmente autónoma".
En julio de 2017, según ha explicado el acusado, coincidió dos veces con la menor en una misma noche de servicio en que la vio desnuda por los pasillos, aunque "recondujo la situación y la mandó a la habitación".
Tras la declaración del acusado, la vista oral ha continuado con la declaración de la víctima, que se ha realizado a puerta cerrada, y la de varios testigos, familiares de la víctima y peritos.
El ministerio fiscal pide una pena de 20 años de prisión y la medida de libertad vigilada durante 10 años para el acusado, además de la prohibición de acercarse a la víctima a una distancia inferior a mil metros durante 11 años.
La Fiscalía también acusa a la compañía aseguradora Mapfre Industrial como responsable civil directa y pide que indemnice a la víctima con 15.000 euros por las lesiones causadas, suma de la que respondería subsidiariamente la Fundación Finestrelles.
