El Gobierno no acepta la declaración y convoca un Consejo de Ministros

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió ayer de que el Ejecutivo no puede aceptar que se dé validez al referéndum del 1 de octubre ni que se constate por parte de nadie en el Parlament que la mayoría de los catalanes quiere un Estado independiente.
En una comparecencia en La Moncloa en la que anunció que el Consejo de Ministros celebra hoy una reunión extraordinaria para responder a lo acontecido ayer en el Parlament, Sáenz de Santamaría ha acusado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de haber sumido a Cataluña en “su mayor nivel de incertidumbre”, con un discurso de alguien que “no sabe dónde está, a dónde va ni con quién quiere ir”.
Advirtió de que Puigdemont no puede pretender “imponer” una mediación porque el diálogo solo es posible si se respetan las reglas del juego.

Aplazamiento
La vicepresidenta informó de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha convocado para mañana una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros a fin de estudiar la respuesta a lo acontecido hoy en el Parlament y al anuncio de Puigdemont de declarar la independencia para suspender sus efectos.
El Gobierno pidió además el aplazamiento de la sesión de control del Congreso hasta las once de la mañana, para poder celebrar a primera hora el Consejo de Ministros.
En su valoración de lo ocurrido, Sáenz de Santamaría señaló que Puigdemont, tras haber llegado “tan lejos” ayer, ha “embarcado a Cataluña en el mayor nivel de tensión de su historia” y ha “sumido a su comunidad en su mayor nivel de incertidumbre”.
El Gobierno, recalcó, “no puede aceptar” que se dé validez a la ley del referéndum suspendida por el Constitucional, como tampoco puede asumir los resultados del 1-O porque se trató de un referéndum “fraudulento e ilegal”.
Tampoco es aceptable, ha añadido, que en el Parlament “se constate por parte de nadie que la mayoría de los catalanes quieren estado independiente en forma de república”.

“Nadie puede sacar conclusiones de una ley que no existe” ni “un referéndum que no se ha producido” como tampoco puede nadie “apropiarse” de la voluntad de un pueblo, añadió.
Además, la número dos del Ejecutivo advirtió de que Puigdemont no puede tampoco “imponer” una mediación, porque el diálogo entre demócratas, ha subrayado, sólo puede hacerse “dentro de la ley y respetando las reglas del juego”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró ayer que no se puede dar por válida una “no declaración de independencia” como la anunciada durante el pleno de ayer por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que además se suspende “inmediatamente” después de formularla.
En declaraciones en los pasillos del Congreso, Catalá dejó claro que habrá que esperar a que termine el pleno del Parlamento de Cataluña, aunque ya adelantó que no se puede dar por válido un pronunciamiento que parte de un ley suspendida por el Tribunal Constitucional y de un referéndum “con un recuento irregular”.
Fuentes del Gobierno consideran que es inadmisible “hacer una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso.