La Xunta pretende aprobar antes de final de año un decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo con el que prevé reducir lo máximo posible los procesos de desahucio por impago.

El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestrcturas, Agustín Hernández, explicó en conferencia de prensa que este decreto adoptará las medidas previstas en una normativa similar aprobada en marzo por el Gobierno central y que además, incluirá “medidas complementarias”, así como medidas de “dinamización” de vivienda y suelo.

Hernández aseguró que durante 2011 se produjeron al día 5 desahucios en Galicia por ejecución de impago hipotecario, mientras que en el conjunto de España el número se elevó a 159 al día.

Las medidas que prevé aprobar la Xunta incluyen la posibilidad de reestructurar la deuda hipotecaria para las personas en dificultades extraordinarias de pagar.

Para estas personas se aprobará una carencia de amortización del capital de cuatro años, se dará la posibilidad de ampliar hasta un máximo de 40 años la hipoteca y se reducirán los intereses a un mínimo del euribor + 0,25 durante el periodo de carencia.

Si esto no fuera suficiente, los propietarios podrían solicitar una quita en el capital y si tampoco fuese suficiente podrían solicitar la dación en pago, que será aceptada y que supondrá la cancelación de la deuda.

El deudor podrá permanecer dos años en régimen de alquiler en la vivienda y se incorporará al plan de alquiler, en el que podrá recibir ayudas de hasta 3.200 euros al año por un máximo de dos años siempre y cuando la unidad familiar no tenga unos ingresos superiores a 18.712 euros al año.

La Xunta prevé, según explicó Hernández, aplicar estas condiciones a los adjudicatarios de viviendas de promoción pública autonómica.

Además, las medidas también incluyen la posibilidad de ampliar el límite máximo de alquiler durante cinco años y en la concesión de ayudas se tendrá en cuenta al hijo concebido “no nacido”.

En cuanto a las medidas de dinamización, la Xunta prevé agilizar los trámites administrativos para ahorrar en dos meses la calificación de protegida, por lo que se beneficiará también a los adjudicatarios.

Locales > En cuanto a los locales de negocio tendrán prioridad en su adjudicación los que se destinen a viveros de empresas, fomenten el empleo femenino, o se dediquen a escuelas infantiles, centros de día, atención de mayores o dependientes.

El futuro decreto también prevé “flexibilizar” las condiciones para la venta de suelo industrial, de modo que habrá descuentos de hasta un 15% en algunas parcelas y habrá la posibilidad de aplazar el pago durante “un periodo prolongado”.

Hernández destacó que estas medidas tiene un “marcado carácter social”.

De este modo, la normativa establecerá medidas, tanto en el ámbito de la vivienda protegida como de la libre, orientadas a la permanencia en la vivienda de los afectados por desahucios o, como alternativa, el acceso a una vivienda en régimen de alquiler subvencionado cuando os ingresos familiares no excedan 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Protección > Asimismo, contendrá iniciativas de protección de adjudicatarios de viviendas de promoción pública en situación de dificultades económicas debido a las situación laboral de sus miembros.

Además, con el objetivo de dinamizar el sector inmobiliario, el conselleiro ha destacado que el decreto “prevé medidas encaminadas a agilizar los trámites administrativos para su cualificación” así como “para reducir los tiempos en el proceso de adjudicación”.

También incluirá medidas para el acceso a los locales de negocio propiedad del Instituto de Vivenda e Solo y para la venta de suelo en los parques empresariales dependientes de este organismo.