Anido paraliza una obra sin licencia en una parcela de 3.000 metros cuadrados

Un decreto de Alcaldía ordenó ayer la “paralización inmediata” de una obra que carecía de licencia en una parcela situada entre el castillo de Fontán y la playa de Arnela, en la zona de Puerto Infanta, tal y como anunció ayer el gobierno local.

El regidor, Ernesto Anido, tomó esta decisión después de que el ejecutivo descubriera que se estaban realizando estos trabajos “gracias a la colaboración de un ciudadano”, quien alertó al Ayuntamiento con un escrito enviado a través de la página web municipal, donde dejó el aviso.

La firma del alcalde obliga además a que se retire la maquinaria utilizada, así como la incoación de un expediente de reposición de la legalidad urbanística y otro expediente sancionador “por una infracción grave susceptible de ser multada” con una cantidad que oscilará entre los 6.000 y los 60.000 euros.

Técnicos del consistorio se desplazaron, nada más recibir este aviso del vecino de la zona, al lugar en el que se estaban realizado estos trabajos.

Allí pudieron comprobar la existencia de “un movimiento de tierras en una parcela clasificada como suelo rústico de protección de costas”.

Ese movimiento del que hablan en el gobierno local consistía, añaden, “en la realización de desmontes y rellenos” que, en algún punto, alcanzan una altura de cuatro metros, afectando a una superficie de 3.000 metros cuadrados “en los que se varió considerablemente la morfología del paisaje del lugar”.

Ilegalizable > También averiguaron los técnicos del consistorio que la parcela –y las obras en cuestión que se desarrollaban en ella– tienen un carácter “ilegalizable” y llega incluso, alegan, “a eliminar vaguadas de hasta tres metros de profundidad que se cubren con tierra”.

El decreto que firmó en la jornada de ayer el regidor sadense está dirigido no solo a la empresa propietaria de la superficie en la que se llevaba a cabo la obra, en calidad de promotor, sino también al responsable material de los trabajos.

Informó igualmente el Ayuntamiento de que si la orden de paralización de las obras no es atendida en los términos en que se ha redactado el mencionado decreto, la administración local podrá imponer a los responsables multas “coercitivas y reiterables” de entre 600 y 6.000 euros.