La intención inicial de la Marea para la ORA era la de remunicipalizar el servicio, una planificación ambiciosa que pronto tuvo que abandonar por la imposibilidad de llevarla a cabo y finalmente se tendrá que conformar con una modificación de la ordenanza que permitirá anular las multas si sale aprobada en el pleno de mañana, pero que no incluye otras iniciativas deseadas por el Gobierno local.
El programa electoral de la Marea Atlántica reflejaba la intención de analizar el estado y posibilidades de este servicio, tras lo que se valoraría la opción de remunicipalizarlo. Sin embargo, el Ayuntamiento tuvo que desechar este plan después de que informes técnicos así lo indicasen.
Entonces, el Gobierno municipal inició una segunda vía, que es la de acometer la modificación de la ordenanza que regula este servicio, pero esta opción también se topó con problemas
Otro punto que finalmente no será realidad es la eliminación de las plazas de parking exprés, asunto propuesto por el PSOE y el BNG en las alegaciones a la aprobación inicial y bien recibido por la Marea, que decidió estimar en ambos casos.
En la actualidad hay poco más de medio centenar de espacios dentro de esta modalidad, pero el rechazo que sufrió la propuesta del Gobierno municipal en el salón de plenos a principios de este año hará que la zona naranja del aparcamiento de pago en las calles de la ciudad se mantenga.
El único cambio
Una de las apuestas de la Marea era la de incluir en los parquímetros la posibilidad de que los usuarios cancelen las multas tanto por no tener tique de la ORA como por presentar uno no válido a cambio de un recargo. Esta posibilidad será la única que previsiblemente se convierta en realidad si sale adelante en el pleno de mañana, aunque durante la aprobación inicial la oposición dirigió fuertes críticas al área de Movilidad por no intentar un cambio más profundo de la ordenanza, en la que no se modifican las zonas de residentes, entre otros aspectos.
Además, todavía existen dudas sobre el destinatario final de la recaudación de estos recargos. Un informe del interventor defiende que deberían ir al Ayuntamiento, pero el edil Daniel Díaz Grandío llegó a decir en un pleno que el asunto probablemente acabará en el juzgado si la concesionaria decide recurrir. l
