La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, habló ayer de lo pormenorizada que fue su declaración ante la juez Pilar de Lara en calidad de testigo sobre una trama relacionada con la operación “Pokemon”. “Fue un interrogatorio exhaustivo”, dijo a la salida del juzgado gallego.
Fernández reveló que la juez le lleva mandando desde hace un año “innumerables requerimientos” pidiéndole documentación y archivos del PP. “Hoy se trató, a partir de esas aportaciones documentales, de hacer la declaración presencial y verbal a través de mi testimonio”, apuntó. Mercedes Fernández fue llamada a declarar como testigo mediante un auto en el que la juez argumentaba que era necesaria su participación para aclarar extremos relacionados con la investigación, tales como el significado de determinada documentación aparecida en los registros practicados al presunto conseguidor de la trama asturiana, así como el contenido de determinadas conversaciones telefónicas donde aluden directamente a la presidenta del PP asturiano y la relación que haya podido tener con la empresa Aquagest o con otras empresas del Grupo Agbar.
“Yo hice todas las aportaciones que sé y conozco desde mi época de presidenta y, como se me pidió, también alguna referencia tuve que hacer a etapas y períodos en los que yo no era la presidenta del PP de Asturias”, explicó Fernández.
La declaración de la dirigente asturiana se produce en el marco de una investigación judicial que afecta a varios dirigentes y exdirigentes del PP de Asturias, como el exalcalde de Oviedo y actual portavoz del PP en la ciudad, Agustín Iglesias Caunedo, investigado por delitos de cohecho y prevaricación por su participación en una serie de viajes que podría haber costeado una empresa que investiga la operación “Pokemon”.
El exvicesecretario general del PP de Asturias, Joaquín Fernández, el expresidente del PP de Avilés, Joaquín Aréstegui, la exconcejal avilesina Carmen Vega, y el exconcejal en Gijón Manuel Pecharromán también están siendo investigados.
Por otro lado, el concejal del PP en el Ayuntamiento de Vigo, José Manuel Figueroa, declaró ayer en calidad de investigado ante la titular del juzgado de instrucción número uno de la ciudad, en el llamado caso “Hormigón”, y defendió que su actuación en relación con una obra en la urbanización de Barreiro fue “correcta”. Figueroa fue citado en la jornada de ayer para responder acerca de una autorización de gasto de algo más de 200.000 euros en la instalación y soterramiento de dos isletas de recogida de basura en Barreiro.
Mientras, el responsable de la División de Proyectos de la Autoridad Portuaria de Vigo, José Enrique E.P., investigado en el marco de la operación “Patos” por una adjudicación supuestamente irregular a la constructora Eiriña, se acogió ayer a su derecho a no declarar ante la juez.