El Congreso da luz verde al traspaso de la AP-9 a la Xunta con la abstención de Cs

El puente de Rande, en Vigo, es uno de los puntos neurálgicos de la AP-9 | salvador sas (efe)
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El Pleno del Congreso acordó ayer tomar en consideración la proposición de ley del Parlamento gallego para traspasar a la Xunta la Autopista de Peaje AP-9, pero en la votación no hubo unanimidad ya que Ciudadanos prefirió abstenerse al considerar que se trata de un “regalo electoralista”.
La iniciativa, que fue aprobada por unanimidad en Galicia, fue defendida en el Pleno por una delegación de tres diputados del Parlamento autonómico.
Martín Fernández Prado, del PP, destacó que la Xunta tiene los medios para gestionar la AP-9 al ser la Administración “más próxima” y ser “una infraestructura vital para Galicia, principal motor de competitividad”. Es más, pidió al Gobierno de Pedro Sánchez que convoque la comisión mixta de transferencias para asegurar que el traspaso no se dilate.
Frente a la agilidad reclamada por el PP gallego, el diputado autonómico de En Marea Antón Sánchez recordó que esta iniciativa se aprobó tres veces por unanimidad en O Hórreo y que en dos ocasiones fue vetada para su debate por el Gobierno de Rajoy.
A su juicio, con “el silencio estruendoso y la complicidad del PP”, los gallegos vienen padeciendo una “estafa diaria” con la AP-9, que en su día fue rescatada con dinero público y privatizada por el Gobierno de José María Aznar en lo que considera una muestra de “capitalismo de amiguetes”.

“Pública, gallega y gratuita”
En similares términos se pronunció su compañero del Congreso Antón Gómez Reino, que representó a Unidos Podemos y que reiteró su rechazo a las autopistas de peaje para que lo público deje de beneficiar a los privada: “Autopista del Atlántico pública, gallega y gratuita”, proclamó.
Por el PSdeG, Guillermo Meijón cargó contra la concesionaria y pidió una tramitación ágil de la iniciativa y un consenso sobre la política de infraestructuras. Igualmente, el diputado socialista autonómico Luis Álvarez Martínez solicitó el apoyo unánime de todos los grupos de la Cámara para que la unanimidad del Parlamento gallego se viese también en el Congreso. Sin embargo, ese respaldo unánime no llegó en el debate en un hemiciclo semivacío, ya que Ciudadanos se negó a votar a favor. Su portavoz de Fomento, Fernando Navarro, recordó que se trata de una autopista que conecta con Portugal, lo que la convierte en vía estratégica para el país, y criticó que se pretenda el traspaso a la Xunta de la gestión, con opción a rescatarla y fijar precios, y en cambio las obligaciones económicas sigan a cargo del Estado. A su juicio, las inversiones de Fomento son “la bolsa de caramelos” con la que se buscan votos y este traspaso es un “regalo” que tiene un coste que debe pagar el Estado. Navarro recordó que el Gobierno de Rajoy se negaba a asumir ese coste y ahora todos lo aceptan abonar por motivos “electoralistas”. “Nosotros no aceptamos hacer electoralismo con las inversiones”, zanjó.
Frente a ello, Celso Delgado Arce, del PP, replicó que Ciudadanos no descartaba el traspaso de la AP-9 en anteriores debates y acusó al partido naranja de estar “fuera de juego en Galicia” y de no sintonizar con las aspiraciones de sus habitantes.
Tras criticar que los Gobiernos del PSOE también se oponían a tramitar esta transferencia, Delgado pidió “una tramitación sosegada, sin aspavientos ni demagogias y pensando en los usuarios”.

Nacionalistas
Por su parte, Ferran Bel, del PDeCAT, pidió que una medida para Cataluña pero en todo caso, prometió no presentar enmiendas y ayudar a que se tramite por urgencia para que el traspaso se concrete lo más rápido posible.
También el PNV respaldó la tramitación, aunque Íñigo Barandiaran censuró que Galicia tenga que presentar una ley en el Congreso para impulsar la transferencia de una competencias que figura en su propio Estatuto. “¿Hace falta que las comunidades pidan permiso para cumplir su estatuto?”, se ha preguntado 
Joan Margall, de ERC, lamentó que el BNG no pudiese defender esta iniciativa en la delegación, de la que fue impulsor, pero en todo caso la apoyó subrayando que “Galicia tiene todo el derecho de gestionar sus propias infraestructuras”.l

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