El Ayuntamiento anulará el acuerdo que le exige pagar por la cárcel provincial

El Ayuntamiento está dispuesto a hacer valer sus derechos para recuperar la antigua cárcel provincial lo quiera el Ministerio de Interior (del que depende Instituciones Penitenciarias) o no. Y para ello, el lunes se llevará a pleno la revisión de oficio del convenio de 2005, que acuerda con Instituciones Penitenciarias pagar 1.200.000 euros y entregar el terreno donde se levantó el Centro de Inserción Social (CIS) a cambio de la cárcel y la parcela sobre la que se encuentra. Este acuerdo es el origen del actual conflicto y el objetivo del gobierno local es que sea declarado nulo de pleno derecho.
“No vamos a pagar dos veces por una propiedad que es nuestra”, declaró la concejala de Hacienda, Rosa Gallego. Es un punto en el que ha insistido en numerosas ocasiones tanto el alcalde, Carlos Negreira, como el concejal de Urbanismo, Martín Fernando Prado: que los terrenos donde se asienta el inmueble fueron entregados a Instituciones Penitenciarias para destinarlos a cárcel provincial, función que dejó de tener en el 2010, de manera que deben retornar al Ayuntamiento.
Pero Instituciones penitenciaras se aferra al acuerdo de 2005 y exige los 1,2 millones de euros. En junio 2013 se acordó tratar de llegar a un acuerdo con este organismo público, solicitar la reversión y como último paso, iniciar la revisión de oficio del convenio porque es nulo de pleno derecho. “No es que estemos enredando, es el último paso y es preceptivo llevarlo a pleno”, explica Gallego.
El Ayuntamiento entiende que el convenio que llevó a cabo es nulo de pleno derecho porque la decisión de firmar el acuerdo tenía que haber pasado por el filtro de la intervención general. “Pero no se solicitó en forma ni al interventor general ni a la asesoría jurídica”, reprochó la concejala de Hacienda. El por entonces alcalde, Francisco Vázquez, decidió permutar dos parcelas de dominio público y se comprometió a gastar en el futuro dinero público sin que fuera aprobado en un pleno, que es el único órgano competente para tomar esa decisión.
En un principio, dado que el pleno municipal, donde el PP tiene mayoría absoluta, tomará todas las decisiones, no se espera que surjan problemas en el proceso. En cuanto a cuándo se podría hacer efectiva la anulación, el pleno incoa el expediente el lunes, pero todavía tiene que conceder una audiencia a los representantes de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios S.A. (SEIP) y a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para que presenten sus alegación. “También pediremos el informe del consello consultivo y luego lo resolverá el pleno. Esperamos acabar en unos meses”, remató la concejala.