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sábado | 20 abril | 2024
El mercado inmobiliario tiende a poner las cosas difíciles al Ayuntamiento cuando trata de emprender políticas sociales de vivienda. El último ejemplo es un proyecto basado en la filosofía “Housing first” (la casa primero) para proporcionar su propia vivienda a personas en riesgo de exclusión. La concejala de Justicia Social, Silvia Cameán, anunció ayer la firma del convenio de colaboración con la asociación Provivienda, que contará con una inversión de 67.000 euros. Lo que Cameán no anunció fue que cuando presentó el proyecto en mayo, el presupuesto era de 100.000 euros, lo que supone una reducción del 33% (aunque en un principio se habría hablado de 150.000 euros, según algunas fuentes). La concejala tampoco aludió a que Provivienda solo ha conseguido uno de los diez pisos previstos.
En su intervención de esta semana, Cameán se limitó a señalar que “é unha proposta innovadora, xa que rompe o modelo tradicional de ascenso en escaleira dos servizos sociais ao pasar, directamente, a recoñecer dereitos fundamentais da cidadanía como é o acceso á vivenda”. La idea general es que el nuevo hogar pase a ser el pilar a partir del cual los beneficiados del programa puedan reconstruir su vida. Pero, como señala el propio nombre del programa, las casas son lo primero y estas no aparecen por ninguna parte. El mercado coruñés se revela un hueso difícil de roer las paras iniciativas solidarias.
En pleno proceso
En el comunicado hecho público esta semana, el Ayuntamiento no menciona ningún número de viviendas a alcanzar, pero en mayo, durante la presentación, lo fijaron en diez. La búsqueda de los pisos había comenzado a principios de año por un tasador experto y no se vio acompañada por la suerte. Después de meses de búsqueda, solo se consiguió ese único piso, aunque Cameán asegura que la entidad se halla “en pleno proceso de captación de vivendas na cidade”. Un proceso que se adivina complicado.
Lo que se buscan son pisos de un solo dormitorio, con un alquiler de 400 euros. Asociación Provivienda (junto con la Fundación Rais) se compromete a buscarlos, alquilarlos y mediar en cualquier situación de conflicto que pueda surgir entre el beneficiario del piso y el casero. El perfil que se podrá beneficiar de esta iniciativa será el de una persona que lleva más de tres años en la calle y que sufre algún tipo de adicción, enfermedad mental o discapacidad.
Pero los caseros coruñeses rechazan inquilinos que consideran potencialmente problemáticos y exigen muchos requisitos, como tres meses de alquiler por adelantado o un seguro de impago. Ante este panorama, el Ayuntamiento ha reducido al mínimo imprescindible el presupuesto del programa.
Políticas de vivienda
No sería la primera vez que el Ayuntamiento sufriera un revés en su política de vivienda Todavía está reciente en la memoria colectiva el escándalo por el concurso de compra de pisos, también con el objetivo social de alquilarlos a personas con dificultades de acceso a la vivienda. Como en este proyecto, el del concurso de compra tenía como objetivo hacerse con diez pisos pero solo consiguieron seis. Poco después, el Ayuntamiento descubrió, a raíz de un dictamen del Consello Consultivo, que solo uno de esos seis cumplía los requisitos.
El concejal de Regeneración Urbana, Xiao Varela, descargó la responsabilidad del fracaso del concurso, un programa “estrella” en la política de la vivienda de la Marea Atlántica, sobre los hombros de los funcionarios, que habrían cometido “errores humanos” tanto en la redacción del pliego de condiciones del concurso como en la revisión de las condiciones del mismo, sin que Varela lo llegara a supervisar. La oposición en bloque pidió su dimisión el mes pasado, al igual que el del concejal de Economía Sostenible, Alberto Lema, que firmó al compra de los pisos.
Tampoco es la primera vez que se frustra una iniciativa a favor de los sintecho. El caso de Micasita, en Eirís, un proyecto del Hogar sor Eusebia para instalar diez módulos para indigentes en el parque de Eirís, en un solar de propiedad municipal, tuvo que ser aplazado indefinidamente después de que el vecindario protagonizara una enorme protesta y abarrotara el centro cívico en abril del año pasado en un encuentro con los concejales.
Sin embargo, otras iniciativas han tenido más éxito, como el centro de baja exigencia Abeiro, que atendió a 167 personas el año pasado, el Plan de Acceso al Hábitat Digno, en el poblado de A Pasaxe, que trasladó a 17 familias, o el programa A Flote, que entregó este año 300 ayudas de emergencia social. l
