El Gobierno local teme que el nuevo Chuac hipoteque sus presupuestos

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El palacio municipal de María Pita acogió ayer el primer pleno ordinario después de la cuarentena. En un ambiente bastante relajado, que el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, calificó de “buen rollo”, se consiguieron aprobar todos los asuntos de la sesión, varios de ellos por unanimidad, aunque sin que faltara el cruce de acusaciones entre el PSOE y la Marea Atlántica, por falta de diálogo. En la última parte del pleno surgió el tema de la ampliación del Chuac. El PP alabó la voluntad negociadora del Ayuntamiento, pero el concejal de Infraestructuras, Juan Díaz Villoslada, matizó que no pueden contribuir a la obra con los 22 millones de euros que pide la Xunta sin hipotecar las cuentas municipales. Su contribución ronda más los 4,3 millones de euros. “O concello ten que aquiltar ata onde pode chegar económicamente”, avisó.

 

1 Un plan sectorial como modelo de colaboración

El Gobierno local,, como reconoció el concejal de Hacienda, José Manuel Lage, se halla en una situación delicada en lo que respecta al Chuac, un baluarte de la sanidad gallega y un referente médico a nivel internacional cuyas instalaciones han quedado obsoletas: “Non imos poñer atrancos na súa realización”. De momento, solicitaron informes a Intervención Municipal y a la Tesorería Jurídica. Pero Lage advierte que la propuesta de la Xunta no se ajusta a la Ley General de Subvenciones. “ Haberá que negociar os términos e o encaixe xeral”, advirtió. Por su parte, Villoslada apuntó que el modelo de colaboración urbanística será el de proyecto sectorial, el mismo que se siguió en el hospital de Pontevedra.

En cuanto a esta ciudad, el edil de Infraestructuras recordó que “non están absolutamente felices co impacto económico”. El Gobierno coruñés está dispuesto a invertir 2,3 millones de euros en conceptos de parcelas y otros dos millones en infraestructuras básicas, una cifra parecida a la de Pontevedra. También considera que es necesario “reformular un sistema de aparcamentos disuasorios” no solo para el Chuac, sino para mejorar el entorno de toda la zona.

2 Aprobación del PGOM para la intermodal

Una de las mociones que se aprobó fue la de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de A Sardiñeira, requisito para la construcción de los accesos a la futura estación intermodal. Fue uno de los puntos más debatidos, y en los que los representantes de los diferentes partidos se cruzaron más reproches, pero al final se aprobó por mayoría absoluta, como era preceptivo. Villoslada agradeció a Xiao Varela, anterior concejal de Urbanismo con la Marea, la coherencia “de votar un expediente que es prácticamente el que hicieron ellos”. Varela tuvo que defender su actuación, después de que echara en cara al Gobierno local que tardara un año en llevar a pleno esta medida. “Nos pregunta por qué tardamos doce mese. Por qué tardaron tres años?”, preguntó Villoslada. .Varela tachó el proyecto que les había dejado el PP en el cajón de “auténtica chapuza”. Con la versión de la Marea, recuerda, los buses entran por la avenida de Arteixo aprovechando la AC-14, y se reducen los gastos en 20 millones de euros. El popular Martín Fernández Prado recordó: “Las dos infraestructuras ya existían en el Plan general, solo se ajustan. La pega es que aumenta la superficie del viario y disminuye la de espacios verdes y aparcamientos”.

 

3 Las terrazas ganarán espacio en los barrios

La moción del PP que afectaba las terrazas se aprobó de forma unánime, con una enmienda de la Marea. La idea, que procede de los vecinos del Barrio de O Castrillón, consiste en cerrar calles en horas alternas  para disponer terrazas en vías con aceras estrechas y/o instalar ambigús, siempre que no dificulten la movilidad.  

Este punto, como reconoció Villoslada, es el que más le preocupa el Gobierno, mientras que la Marea Atlántica advirtió de la posibilidad de cambiar un modelo d e ocupación del espacio público de coches por otro de la hostelería, pero todos estuvieron de acuerdo en este apoyo al sector.

El Gobierno local teme que el nuevo Chuac hipoteque sus presupuestos