Con la vista puesta en el 1 de enero, el magistrado del juzgado de lo penal número 6, Francisco José Ruano Hernández, comienza a preparar su nueva etapa como titular del primer juzgado de lo penal de la provincia especializado en el enjuiciamiento y fallo de delitos relacionados con la violencia sobre la mujer. Y lo hace con una demanda: más medios para asumir, a partir del próximo mes, la totalidad de los juicios de esta tipología, que hasta ahora se repartían entre los seis órganos de esta jurisdicción. “Dada la sensibilidad del tema, intentaremos contar con más medios, porque se requieren para dar protección a las víctimas”, señala.
La decisión adoptada en noviembre por el Consejo General del Poder Judicial en contra de la junta local de jueces, por la que se otorga a este juzgado coruñés competencias exclusivas en materia de malos tratos tiene, para el magistrado, un aspecto negativo fundamental: el tiempo de respuesta. “Entiendo que se perderá inmediatez”, admite.
Como explica Ruano, hasta el momento, las causas relativas a violencia de género que entraban en un juzgado de lo penal para ser enjuiciadas –delitos de lesiones, coacciones, maltrato físico o psíquico, violencia habitual y quebrantamiento de condenas dentro del mismo ámbito– tenían prioridad sobre el resto de asuntos, con lo que los juicios no se demoraban nunca más de tres meses. “Ahora todos son preferentes”, expone, antes de indicar que la previsión es que al año lleguen a sus manos en torno a los 400 procedimientos de esta clase.
Pero podrían ser más, si se toma en consideración el “repunte” que, admite el juez de penal 6, han experimentado los procedimientos relacionados con el maltrato a mujeres en el último año; según informa, cada juzgado recibió en 2011 alrededor de 90 causas para su enjuiciamiento, cuando en 2010 la media se situaba en torno a los 60.
A ello hay que sumar todos los asuntos de otras materias penales que este juzgado tiene pendientes de juicio, y que deberán ventilarse, cerca de 200. “Habrá que compaginar los asuntos ordinarios con estos preferentes”, reflexiona, para reconocer que los primeros “van a quedar relegados”. Con estas expectativas, el magistrado calcula que algunos juicios podrían demorarse casi un año.

Pendientes > La carga de trabajo del juzgado especializado no se reducirá a lo anterior. Junto a los juicios y las sentencias, el magistrado tendrá que hacer frente a todas las ejecutorias que se deriven de sus condenas, un ámbito “especialmente sensible” cuando se habla de violencia machista.
Se trata, según indica, de hacer cumplir las medidas que en algunos casos son de protección, como las órdenes de alejamiento impuestas a los agresores, por lo que un retraso en su ejecución puede significar poner en riesgo la integridad de una víctima. “A veces es complicado...”, reconoce, para a continuación asegurar que, con los medios disponibles, intentará llevarlo al día.

Uniformidad > Pero no todo es negativo en la especialización del juzgado en asuntos de violencia de género. Como observa su titular, esa centralización lleva aparejada una uniformidad en los criterios que se seguirán en los distintos asuntos: “Habrá más seguridad jurídica”.
En la actualidad, cada magistrado del orden penal aplica de forma independiente su criterio a la hora de abordar un juicio de esta clase, si bien existen unos parámetros. Como reconoce Ruano, el juzgado exclusivo para enjuiciamientos cierra un círculo en este aspecto, puesto que para la investigación de estos asuntos existe desde 2007 un juzgado de instrucción específico, y también la Audiencia Provincial cuenta con una sección especializada, que revisa las sentencias de malos tratos que llegan en apelación.
Distinto es el aspecto personal. Para Ruano, la exclusividad del juzgado que dirige va a suponer una limitación a nivel profesional, porque se trata de conocer siempre los mismos delitos. Pero, dado que la decisión le ha venido impuesta desde el Consejo del Poder Judicial, se resigna: “Es una etapa más, y a ver cuánto dura...”.