El destino de la antigua cárcel provincial es un tema pendiente de resolución desde hace varios mandatos. Tanto el Gobierno socialista como el popular trataron de llegar a un acuerdo con el Estado para darle vida a un inmueble histórico, y convertirlo en un espacio cultural o cívico. Pero ayer el concejal de Regeneración Urbanística, Xiao Varela, anunció que el Ayuntamiento está muy cerca de recibirlo: “Podríamos levarnos algunha sorpresa moi pronto”. Esa “sorpresa”, vendría en forma de un convenio con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios S.A. (SEIP) que permitiría al Ayuntamiento hacer uso de estas instalaciones.
Varela confirma así lo que ya insinuó el alcalde, Xulio Ferreiro, en diciembre, cuando adelantó que las negociaciones con el SEIP, dependiente de Instituciones Penitenciarias, marchaban bien. Por su parte, el concejal de Regeneración Urbanística está convencido de que “mais tarde o mais temprano”, la titularidad de la antigua cárcel provincial, situada en un lugar privilegiado, frente a la Torre de Hércules, será del Ayuntamiento. “Pagando ou non, ainda que a nosa intención é non pagar, claro”, añadió el edil.
El origen del conflicto se sitúa en un convenio de 2005, que acuerda con Instituciones Penitenciarias pagar 1.200.000 euros y entregar el terreno donde se levantó el Centro de Inserción Social (CIS) a cambio de la cárcel y la parcela sobre la que se encuentra. El Gobierno de Carlos Negreira tomó medidas legales para que fuera declarado nulo de pleno derecho por no haber pasado el filtro de la intervención general. Argumentaba que los terrenos donde se asienta el inmueble fueron entregados a Instituciones Penitenciarias para destinarlos a cárcel provincial, función que dejó de tener en el 2010, de manera que deben retornar al Ayuntamiento.
Pero los farragosos trámites legales se han alargado más allá de lo razonable, superando las expectativas del PP y, desde luego, las de la Marea Atlántica. “A resolución xudicial tarda máis do que esperaba”, reconoció Varela. Otro punto que queda en el aire es el estado del edificio, que está catalogado en el PGOM con un nivel de protección II. El anterior Gobierno local tuvo que conminar al SEIP a que realizara las reparaciones pertinentes en los muros y el techo que señalaba en su informe el arquitecto municipal de Ruinas. Y también fue necesario que le apremiara para realizar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) que la prisión pasó con mucho retraso.
