9º-16º
martes | 23 abril | 2024
La conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, puntualizó ayer que el informe de la Xunta sobre Ence “no habla en positivo” de la empresa en su actual ubicación, sino que se limita a certificar su cumplimiento de los requisitos por los que, en 2008, se le concedió la declaración de impacto ambiental.
Así lo dijo ante el pleno del Parlamento después de que todos los grupos de la oposición sacaran a relucir la decisión del Gobierno en funciones de prorrogar durante 60 años la concesión para que la pastera siga en la ría de Pontevedra, cuestión hecha pública por parte de Ence y que la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, consideró “una decisión administrativa” en la que no ha interferido el Gobierno.
“Las administraciones tienen que dar cumplimiento a esas evaluaciones”, agregó la conselleira, quien restringió la actuación de su departamento en este sentido a “decir si la declaración de 2008 es acorde a las actividades que actualmente desarrolla la empresa”. “Fue lo que respondimos”, zanjó.
Estas explicaciones no satisficieron a la oposición y, así, los portavoces de PSOE, BNG, AGE y Grupo Mixto en el debate coincidieron al censurar que un Gobierno en funciones haya tomado esta decisión, que relacionaron con los cargos del PP sentados en el consejo de administración de la empresa. El diputado socialista Xosé Sánchez Bugallo lamentó “la complicidad de la Xunta” con una actuación llevada a cabo “con nocturnidad, alevosía, premeditación y todas las características negativas que se le puedan atribuir”.
“Evidencia a qué intereses sirve realmente el PP”, interpretó, tras recordar que él mismo sostuvo que la reforma de la Ley de Costas tenía como objetivo permitir la continuidad de empresas que, como Ence, están ubicadas en dominio público.
Por su parte, el director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, defendió la prórroga a la concesión de Ence para apuntar que “a la Xunta lo que le queda, naturalmente, es respetar esa resolución, dictada en el seno de un procedimiento administrativo absolutamente reglado”.
“Los tiempos son del Ministerio de Agricultura y las competencias son del Ministerio de Agricultura”, contestó Tahoces a preguntas de la prensa este martes sobre esta cuestión.
Así, Tahoces apuntó que esta “es una resolución administrativa” que ha sido “instruida y resuelta por el Ministerio de Medio Ambiente”, “completamente reglada”. Sobre el papel del Gobierno gallego, se limitó a señalar que “la Xunta intervino en su momento emitiendo el informe ambiental correspondiente y solicitado”.
